El pasado 19 de septiembre, la bancada Perú Libre presentó un proyecto de ley para que se declare de “necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación y la transmisión en el territorio nacional”. Es decir, este grupo parlamentario propuso un proyecto que plantea cambios a la Ley de Medios de Comunicación. Pero ¿qué significa ello?
En principio, el proyecto de ley N° 00269/2021-CR, cuyo autor es el parlamentario Abel Reyes, parece bien intencionado, pues contiene una serie de políticas que buscan aproximar los medios de comunicación hacia las comunidades amazónicas, andinas, entre otras. Así, se percibía que dicho proyecto tenía primordialmente el fin de que el Estado garantice que la objetividad informativa se exprese en concordancia a las lenguas, costumbres y culturas de los ciudadanos. Sin embargo, salta a la vista un pequeño gran detalle, previsto en el artículo 4 del proyecto:
“En caso de declaración de emergencia decretada, conforme al ordenamiento jurídico, el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores.
El Poder Ejecutivo con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos de necesidad y urgencia.”
Siendo así, se estaría dejando la puerta medio abierta para que el Ejecutivo se interponga en las telecomunicaciones durante situaciones de emergencia, como es la pandemia de la COVID-19. #NoSeasVivo.
En consecuencia, de convertirse en ley, el Poder Legislativo tendría la potestad de intervención de medios en coyunturas extraordinarias como es en la que estamos viviendo actualmente. Ello, en contra de derechos fundamentales amparados en la Constitución, como señala el artículo 2:
“Toda persona tiene derecho a:
(…)
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impredimento alguno algunos (…).
En relación con ello, es importante considerar que, si bien el proyecto de ley tenía fines educativos y culturales, el contenido que actualmente difunden los medios de comunicación son los que generan sintonía, es decir, rating. Por ello, pretender ir en contra de derechos como el de la libertad de expresión por sí misma no es una solución para la gran asimetría de información que atraviesa el Perú.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo emitió una nota de prensa donde planteó al Congreso de la República archivar el proyecto de ley, pues este podría originar que el Ejecutivo adopte medidas arbitrarias durante los estados de emergencia. En este, se recalcó en que, efectivamente, se pondrían en riesgo las libertades de expresión e información. Dicha publicación generó que en particular una congresista, Francis Jhasmina Paredes, retirara su firma del proyecto de ley sin exponer motivos.
Luego de ello, y como para ponerle la cereza del pastel, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, señaló lo siguiente:
“El Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño, también tenemos que hacer cambios ahí para que de una vez por todas el Canal 7 eduque a las personas y llegue a los sectores más alejados de nuestra patria.”
Si bien todos estamos de acuerdo en que un medio de comunicación como la televisión es una gran herramienta de proximidad con la población, ello no implica que un canal estatal deje de exponer los hechos de manera objetiva. Como era de esperarse, después de las críticas, el encargado de dicha cartera ministerial aclaró que de ninguna manera pretendió amenazar a TV Perú. Asimismo, a través de Twitter, el ministro enfatizó este mensaje:
En medio del sube y baja, el ahora ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, como nunca brindó unas manifestaciones para llamar a la calma, sosteniendo que es necesario un canal del Estado que pueda informar de manera objetiva e imparcial.
¿Tú qué opinas sobre este proyecto de ley?
Edición: Claudia Barraza
