Hace unos días el gobierno le retiró la licencia de construcción al proyecto minero Tía María, en medio de un paro casi regional que empezó en la provincia arequipeña de Islay, el cual lleva varias semanas en desarrollo. Este conflicto no es noticia nueva. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) indica que los contratiempos de este proyecto minero datan del 2009. Nada menos que 10 años de un enfrentamiento que demuestra cómo un país aspira recibir cada vez más inversión minera, pero no ha podido aprender a coincidir con la cultura y sociedad más afectada por estas inversiones: las zonas rurales.
De manera sumaria, facilito no más, vamos a mencionar los puntos claves del conflicto entre la comunidad de Islay y el Proyecto Tía María. ¿Qué reclama la comunidad? ¿Qué ha hecho mal el Estado?
Los reclamos de la comunidad
Los reclamos son numerosos y difíciles de resumir. Imagínense que llevan 10 años con protestas que reavivan cada cierto tiempo. Por ello, elegimos los puntos que más impacto ambiental y social tienen para la comunidad. Según una investigación del Doctor en Sociología por la UNMSM, Honorio Pinto, dichos puntos son:
Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
- El primer EIA del Proyecto Tía María, presentado el 2011, recibió 138 observaciones de la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos). Dichas observaciones no fueron publicadas por el gobierno, sino más bien filtradas por terceros en redes sociales y medios. La comunidad de Islay protestó y, ante la presión, el gobierno decidió rechazar el EIA.
En el paro indefinido del 2011 en Valle del Río Tambo (Islay), los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron como saldo un civil fallecido.
- Dos años después, la minera presentó su segundo EIA, que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Posteriormente, en el 2015, tres grupos de investigadores realizaron serias observaciones a ese EIA: no se trata de manera técnica el impacto ambiental del incremento de la capacidad productiva de la mina, no se presenta un estudio de factibilidad de una planta desalinizadora de agua (que se propuso para no usar agua dulce de ríos y fuentes subterráneas), no se mide adecuadamente la contaminación por polvo propio de la actividad minera y no se deja claro cómo evitarán que se contaminen aguas subterráneas.
El agua y la agricultura
- En el Valle del Tambo, donde se ubicaría Tía María, la mayoría de familias se dedican a la agricultura. El problema surge durante los meses de Octubre a Diciembre, pues el caudal del río Tambo es menor a la demanda de la actividad agrícola del valle. La comunidad enfrenta desabastecimiento estacional hace décadas. Se propusieron proyectos de irrigación y represas; no obstante, nunca se concluyó ninguna obra para el valle. Lo que reclama la comunidad es que justamente los argumentos del segundo EIA sobre el tratamiento y protección del agua, hayan sido observados por expertos en normativa medioambiental.
- La comunidad de Islay desconfía profundamente del Proyecto Tía María, porque saben que Southern (la empresa) afectó la actividad agrícola en Ilo (Moquegua) con los humos emitidos por una planta de fundición que ahí operaba.
La calidad del aire
- La UNOPS hizo una observación sobre cómo las partículas contaminantes que generan las actividades del proyecto podrían llegar al valle del Río Tambo, por medio de las corrientes de aire. La mina sostiene que las mismas solo van en dirección a un desierto y que no afectarían a la comunidad. La comunidad no cree en dicha versión dada por la mina y asegura que con cambios en la dirección del viento, las partículas llegarían a zonas pobladas y a sembríos.
El gobierno y sus desaciertos
El primer error del gobierno fue dirigirse hacia el gobernador regional de Arequipa y no hacia representantes más legítimos de las comunidades que están en protesta. El gobernador de toda la región no representa a la comunidad de Islay, que tiene sus propios alcaldes y voceros. Un diálogo más acertado hubiese entablado entendimiento con los representantes directos de la comunidad.
Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa.
Lo que es aún más grave es que el Estado peruano cayó en el facilismo de elaborar una normativa para recibir inversiones mineras sin prepararse, al mismo tiempo, para saber dialogar, negociar y llegar a acuerdos con las comunidades rurales que son las que están en zonas de influencia minera.
Lo que se veía venir
Consecuencia de esta falta de preparación para las repercusiones sociales de la inversión minera, es el huracán de violencia en el que está Islay y Arequipa. El Estado no fue capaz de negociar y entablar acuerdos por vías pacíficas; ahora está enfrentando al problema que él mismo ocasionó, de la manera más fácil: con violencia física.
Es verdad que el impacto económico de frenar el Proyecto Tía María es grave. Eso es innegable. Sin embargo, lo que es aún más grave es plantear el problema como un simple enfrentamiento entre una comunidad y una mina, cuando es consecuencia de un nivel de desatención estatal muy profundo y muy preocupante. Lo que está sucediendo, si repasamos la historia de este conflicto, ya se veía venir.
Editado por: Isabela García.
