La tensión en el Perú abarca todos los sectores, menos el fútbol (?). Además de noticias de incendios, violaciones, marchas por la igualdad y casos de corrupción que arrastran nuestros gobiernos de los últimos 20 años, recibimos reducciones de las estimaciones de crecimiento del PBI para el Perú. La última de ellas sucedió en la quincena de junio, en la que el BCR disminuyó el estimado de un 3,5% en marzo (ya reducido) a un 2,8%, cifra similar a la que el FMI estimó hace un mes (2,7%) y que se mantiene. Habiendo comenzado con un estimado de crecimiento de 4,3% del PBI en diciembre, es difícil hacernos de la vista gorda.

Alonso Segura, ex ministro de economía, indicó en el foro de negocios del CFA Society Perú del año pasado que la inversión pública se debería empezar a contraer desde el 2017. Esto porque creía que la inversión privada iría en aumento. Además, aumentar el gasto fiscal representaría una baja en la calificación crediticia que tenemos como país (Moody’s). En cortito, puso su confianza en que generar un escenario atractivo para los empresarios sería suficiente para crecer. Y sí, crecimos; y sí, estamos creciendo. Sin embargo, como ya sabes, el crecimiento no es el esperado y es probable que se reduzca aún más.

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Hay un retroceso en la inversión de parte del Estado de 5% durante el primer semestre del 2017 en relación al mismo período en el 2016 (Macroconsult/El Comercio). Lamentablemente, no podemos decir que las predicciones de aumento de la inversión privada se cumplieron, ni mucho menos podemos decir que la inversión pública es prescindible para el país en estos momentos. Thorne, entre tanta acusación poco fundamentada, tuvo que retirarse del ministerio. Dejando de lado aquellas denuncias, podemos resaltar que la política austera no ha sido de ayuda para el país (y eso que no se llegaron a reducir los impuestos…).

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En este primer trimestre solo se ha ejecutado el 24% del presupuesto destinado a gasto de capital (El Comercio). Los sectores que más hacen uso de estos recursos son el sector transporte y el de agricultura. El problema es que el Caso Lava Jato ha hecho de las suyas para paralizar las obras y reducir el margen de acción de las autoridades regionales y nacionales. Dos proyectos puntuales son Pampa de Olmos y Chavimochic III, ambos relacionados a Odebrecht y que aún no están ni a la mitad de avance pero “se espera” que estén listos para el 2020. La adenda a Kuntur Wasi para el aeropuerto de Chinchero y el excesivo préstamo para financiar una excesiva inversión ($5,400 mlls.) en la refinería de Talara denotan la ineficiencia de nuestras autoridades para velar por el bien público.

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Ahora nos queda esperar lo mejor, pues sinceramente esta primera mitad ha sido muy mala en términos de crecimiento. El ex titular del MEF, Alfredo Thorne, indicó en mayo que el impulso fiscal será más intensivo a partir de junio gracias a inversión pública (S/. 9,400 mlls.) y mayor flexibilidad presupuestal con respecto a la recuperación de los desastres naturales de la primera mitad del año. Todo esto en un paquete junto con las ya conocidas políticas para destrabar inversiones y estimular gobiernos regionales y locales con adelantos de transferencias (Gestión). Ya se empezaron a dar destellos del efecto de la mayor inversión pública en el mes de junio (crecimiento del 2,8%) pero aún arrastramos los rezagos de la primera mitad del año. Para poder crecer al nivel estimado debemos tener un crecimiento del 3,5% del PBI en lo que queda del año. Un verdadero reto para autoridades que están bajo la lupa y que tienen como mayor obstáculo el enfriamiento de la demanda.