¿Y qué culpa tiene nuestro sistema?

Según data de la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares), los accidentes y enfermedades constituyen unos de los mayores factores de vulnerabilidad económica y social de los hogares peruanos. En muchos casos, para hacer frente a esta situación, las familias deben vender bienes, gastar ahorros, reducir gastos prioritarios o endeudarse. Durante estas semanas se han denunciado elevadas cifras de las clínicas privadas para atender casos de Covid-19, en algunas inclusive se sobrepasó el monto de medio millón de soles. Es entonces donde se cuestiona ¿Había acaso otra opción para esas familias? ¿Es que el Estado sí podría haber evitado esta situación? ¿Deberían existir instituciones con fines de lucro en este sector? Esta problemática tiene una causa más profunda y recae en el sistema de salud que se maneja en el país. 

SISTEMAS DE SALUD

En el mundo existen tres tipos de sistemas: universalista (Beveridge), seguro social (Bismarck) y el modelo de libre mercado. El primero se refiere a un financiamiento público a través de impuestos y prestadores públicos. Luego, el sistema de seguro social o mixto cuyo financiamiento es a través de aportes obligatorios de empleados y empleadores, donde los proveedores son los sectores públicos y privados. Este sistema está pensado en altos niveles de formalidad. Por último, el financiamiento privado que se obtiene a través de seguros y gastos de bolsillo.

El país está manejado por un sistema mixto, donde los seguros del Estado peruano están comprendidos por el SIS, EsSalud, los Seguros de Fuerzas Armadas y el Seguro de Salud de la Policía. Entre estos destacan el SIS, con seguros subsidiados y semicontributivos, y EsSalud dirigido al sector laboral formal. Por otro lado, se encuentran las EPS (Empresas Prestadoras de Salud), donde el asegurado puede atenderse en EsSalud o en una clínica afiliada, en este caso el seguro es cubierto en gran medida y el asegurado cubre el resto. La oferta de seguros del sector público no llega a cubrir la alta demanda, por lo que para el Estado es necesario recurrir al sector privado. Sin embargo, la prestación de las identidades privadas comprende menos del 10%. Entonces, ¿En cuánto recae su responsabilidad en esta situación?

CAOS DE LA FRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA

Además, el sistema fragmentado del país, aparte de generar problemas de continuidad y atención al usuario, ha sido clave para el mal desempeño del estado durante la pandemia. Tanta burocracia dentro del sistema implica un papeleo extraordinario para el traslado de pacientes lo que termina en un perjuicio a su salud. Los hospitales en nuestro país son administrados por distintas instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, sanidad de Policía y las Fuerzas Armadas y finalmente los gobiernos regionales descentralizados.

En este contexto, estos últimos han demostrado ser los más ineficientes, hospitales inaugurados sin equipos y algunos paralizados por investigaciones de corrupción, incumplimiento de contratistas e irregularidades. Según una investigación de Ojo Público, 14 obras en 7 regiones no fueron concluidas, todas estas valorizadas en 1.924 millones de soles.

¿MÁS ERRORES QUE ACIERTOS?

Fue muy aplaudida la rápida acción del gobierno ante la crisis, pero en el camino algunos aciertos se han visto manchados por respuestas poco eficientes que no son capaces de resolver los problemas estructurales del sistema. La crisis amerita una unión para enfrentarla y la gestión tampoco fue congruente con la situación del personal; puesto que, médicos se han sentido desamparados por el mismo Ministerio y es que la falta de equipos, instrumentos de protección y la misma situación crítica ha llevado a muchos de estos a caer enfermos.

La situación indudablemente se ha complicado y ha tenido que ser enfrentada por un sistema de salud desatendida por años. Desde el inicio de la pandemia, según el MINSA, el país solo contaba con 247 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con el equipamiento necesario y luego, el gobierno lo ha ampliado hasta llegar a las 1000. No obstante, estas no son suficientes para cubrir la demanda, ya que el personal del Rebagliati, uno de los hospitales más grandes del país, informó que tienen una larga lista de espera de pacientes, aunque el gobierno diga que en el ámbito nacional aún hay camas ¿Dónde?

Ante esto, por lo menos, la clase política no debería distraerse en seguir con iniciativas populistas como un nombramiento automático de profesionales de salud sin respetar la meritocracia. ¿Cuánto nos cuesta esa decisión? A fin de realizarlo tendrán que descontar el presupuesto a medicamentos, infraestructura, entre otros.

¿Y AHORA QUÉ?

Bajo el enfoque de “basic needs”, los problemas de asimetría de información e incertidumbre como fallas del mercado inducen a que el Estado participe con el objetivo de que el sistema cumpla con la garantía de acceso y calidad ¿Lo hace? El estar preparado o no ante una situación como esta recae en la responsabilidad del Estado y no de las clínicas privadas; sin embargo, independientemente del costo de estas ¿qué no se habrían obtenido mejores resultados si la atención estuviese puesta en el sector privado? Nunca lo sabremos.

Líderes del sector concuerdan en que se debería propiciar un intercambio prestacional entre el público y el privado para cerrar esa brecha real. Es evidente que es necesaria una reforma con un sistema integrado en donde la cobertura de seguro sea absoluta. Que el sistema está enfocado a invertir en enfermedades cuando deberían priorizarse las regulaciones preventivas. Al fin y al cabo, si la salud es un derecho, debería estar garantizado por ese sistema de salud que brinde los niveles adecuados, su efectividad y sobre todo su acceso. No es justo que la gente ponga en riesgo su vida en un centro de salud improvisado como en un terminal terrestre, sin camas o balones de oxígeno. Lamentablemente, esto no se solucionará en 48 horas.

Editado por: Isabela García