“A lavarse las manos a ritmo de Contigo Perú”, “Lava tus manos con agua y jabón por 20 segundos y previenes la Covid-19” y entre otras recomendaciones para prevenir el contagio del coronavirus se escuchaban con frecuencia en los diferentes medios de comunicación durante el año 2020, primer año de la pandemia.
Lo que no se informaba con la misma regularidad era la situación de las familias que vivían en las periferias de la capital y no contaban con una conexión a la red pública de SEDAPAL, teniendo que abastecerse –en su mayoría- mediante camiones cisterna privados y, en consecuencia, no poder cumplir rigurosamente con las recomendaciones dadas por el gobierno.
En efecto, previo al inicio de la pandemia, las familias no conectadas pagaban hasta seis veces más por el agua a diferencia de lo que pagaba un hogar con acceso a la red, aspecto que no solo significaba que “los más pobres paguen más” sino también que dichas familias racionalicen el uso del agua para las actividades del hogar y tengan incertidumbre sobre las condiciones de calidad en las que recibían el agua por parte de los camiones cisterna.
Ante esta problemática, el Gobierno peruano dispuso que, mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria, SEDAPAL, en el caso de Lima y el Callao, distribuya gratuitamente agua potable mediante camiones cisterna en las zonas que no con contaban con una conexión a la red.
Para lograr ello, se tuvo que identificar las zonas que debía atender con el reparto gratuito, lo cual no resultaría sencillo, pues, al tratarse de usuarios no conectados, no se contaba con un registro actualizado; por lo que, tuvo que contar con el apoyo de los municipios. Asimismo, celebró convenios con los camiones cisterna privados para que éstos se encarguen del reparto de agua potable en las periferias.
A pesar de estas acciones, no se logró atender la demanda total de las familias que vivían en las periferias y continuaban comprando el agua a un precio elevado. Entre las diferentes causas que derivaron esta situación, se encuentran las siguientes: (i) la periodicidad con la que se realizaba el reparto de agua potable en los asentamientos humanos no era diaria, (ii) los camiones cisterna –en algunos casos- solo llegaban hasta las faldas de los cerros, al no encontrar vías de acceso hasta las zonas más altas, (iii) el desvío de rutas de los camiones cisterna para utilizar el agua potable con otros fines, como el llenado de piscinas privadas, provisión de agua a obras de construcción y el regado de áreas verdes de ciertos distritos.
Ahora bien, ante la declaración de la OMS sobre el fin de la Emergencia Sanitaria Internacional por la COVID-19, nos preguntamos: ¿Qué pasaría con estas familias? Ya que, luego de tres años, era razonable que se hayan acostumbrado a recibir el agua de forma gratuita así sea en cantidades mínimas.
El pasado 25 de mayo, un día antes que finalice la Emergencia Sanitaria, mediante Decreto de Urgencia N° 014-2023, el gobierno dispuso que SEDAPAL continúe con la distribución gratuita de agua potable a través de cisternas durante el 2023 y se justificó en el impacto económico generado por la elevada inflación en la población de condición de pobreza.
¿Aspectos negativos de la medida? Puede ser perjudicial acostumbrar a las personas a recibir este servicio de forma gratuita, porque, en caso de no continuar con el reparto gratuito de agua potable, se podrían generar marchas y protestas contra el gobierno. También, podría ser considerado como un incentivo negativo, pues alentaría el surgimiento de nuevos asentamientos humanos, los cuales exigirán que se les abastezca de agua potable mediante camiones cisterna.
¿Hay aspectos positivos? La medida establecida por el gobierno puede atender a una necesidad, buscando apagar un incendio y evitar alguna convulsión social. Sin embargo, resulta importante analizar las causas por las cuales surgen con espontaneidad los asentamientos humanos en la capital (ya que, precisamente, son esas familias las que se estarían viendo beneficiadas con el reparto de agua), y trabajar en el cierre de brechas que puedan identificar con relación a este aspecto.
Además, es fundamental que exista un sinceramiento en cuanto a las metas que se plantea en la proyección de cobertura de agua potable, porque, de acuerdo con el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, hace dos años debíamos tener una cobertura de servicio de agua al 100% en el ámbito urbano y al 84.6% en el ámbito rural. Pero, como debe ser más que evidente, no se pudo cumplir con esta meta; es así que, en el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 se propuso que para el año 2030 se tendría una cobertura de 98.6% en el ámbito urbano y 96.0% en el rural o sea, en cortito, en el año 2030 no todos tendríamos agua potable y probablemente se sigan empleando camiones cisternas, alucinante.
Finalmente, y si consideramos que -probablemente- para el 2030 las metas vuelvan a cambiar, debe plantearse un modelo en el que pueda garantizarse un abastecimiento seguro de agua potable a las familias que no cuenten con una conexión a la red pública de SEDAPAL.
Edición: Camila Chong
