El 2020 fue un año muy particular #CoronaVeteYa, al que, probablemente, la mayoría no quisiera regresar. Desafortunadamente, a veces es necesario mirar atrás y analizar las disposiciones tomadas por nuestros representantes; en especial, aquellas con gran impacto en la población. Este es el caso de la ley de fijación de topes a las tasas de interés, aprobada por el innombrable Congreso de la República el pasado 30 de diciembre.
Para introducir el tema, es necesario que nos situemos en el siguiente ejemplo: Pedrito tiene un pequeño negocio y, por la pandemia, ha perdido gran parte de sus ingresos; por ello, quiere acceder a un crédito. Él vio en la televisión que, gracias a una ley aprobada por el Congreso, podrá acceder a una tasa de interés menor; sin embargo, cuando acude a los bancos, ninguno quiere darle crédito. ¿Qué está pasando?
La tasa de interés, en primer lugar, representa el precio relativo del dinero. Así como al momento de comprar un par de zapatos pagamos un monto específico, al pedir un préstamo bancario, debemos pagar un interés. Entonces, ¿Cuál es el sentido de pagarlo y cómo se fija este en el mercado? Se debe mencionar que, como en muchos aspectos de la vida, el sistema bancario se basa en la confianza. El pagar un interés asegura que el individuo le repondrá al banco el monto que este le prestó. De esta manera, la tasa de interés se determina mediante la interacción y comportamiento entre acreedores y deudores.
Sin embargo, la nueva disposición legislativa cambia el panorama. El siguiente gráfico ayuda a entenderlo. Todos los bancos, cajas y demás entidades financieras (oferta) ofrecerán más préstamos a mayor tasa de interés, ya que el pago de estos últimos será mayor. Por otro lado, todas las personas que requieren préstamos (demanda) se verán incentivadas a endeudarse a menor tasa de interés. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿Qué ocurre cuando se fija un tope o precio máximo? La fijación de un precio máximo supone establecer un precio por debajo del equilibrio natural del mercado; es decir, una tasa de interés menor a la del equilibrio resultante entre las entidades bancarias e individuos.
En consecuencia, tanto la oferta como la demanda de préstamos imponen sus propios equilibrios por los incentivos que genera una tasa “r” menor. Es decir, más individuos demandarán préstamos, mientras que menos bancos estarán dispuestos a ofrecerlos. De este modo, el espacio restante entre ambos equilibrios individuales viene a ser la escasez de préstamos, el cual, más tarde, se verá reflejado en la exclusión financiera. En otras palabras, se limitarían los préstamos al ser las entidades financieras más selectivas con sus clientes.
Esto implica un gran costo social, ya que los agentes que suelen cargar con más riesgo crediticio son aquellos con menores ingresos en la sociedad: trabajadores de pequeñas empresas y, sobre todo, los pertenecientes al ámbito informal. En efecto, las limitaciones de crédito de este tipo amenazan al desarrollo socioeconómico del país. Imaginemos que una persona tiene un negocio informal de telas y desea adquirir una máquina para agilizar procesos, pero no cuenta con el capital suficiente. Probablemente, si va al banco a pedir un préstamo, este se lo negará y el individuo no podrá acelerar su producción y generar más ingresos, lo cual, en un futuro, podría impedir que se formalice. Este ejemplo evidencia cómo es que con esta disposición se retrasarían los avances en la inclusión financiera que el Perú ha conseguido hasta el momento. Cabe mencionar que, según datos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), los puestos de atención financiera, por cada 100,000 adultos, crecieron de 443 a 990 del 2015 al 2020 en junio, y el número de adultos con créditos aumentó de 31% a 33% en el mismo periodo.
Un último punto muy importante es el gran impacto en el control sobre el mercado informal de crédito. Al no poder acceder a un préstamo en una entidad bancaria, muchos migrarían al mercado negro, el cual, si bien no exige una entrega de toda la información personal, cobra una tasa de interés sumamente mayor a la del mercado formal. Esto representa un gran peligro social, especialmente porque retrasa todo avance en bancarización y seguridad personal, ya que, en muchas ocasiones, es la delincuencia la que se esconde detrás de este negocio. Además, si el deudor asegura el pago de su préstamo por medio de un colateral o garantía, el cual es un activo personal, como una casa, por ejemplo, incurre en el riesgo de no poder repagarla. Si este fuera el caso, se vería forzado a la renuncia de su propiedad.
Ahora que usted, lector, está más enterado del funcionamiento básico del sistema financiero, será capaz de reconocer los riesgos que supone un control a las tasas de interés. Nuestros queridos congresistas, al querer seguir sus propios caminos, pondrían en jaque el acceso al crédito formal, tan requerido por muchos peruanos y necesario para el desarrollo socioeconómico. Teniendo en cuenta algunos aspectos estructurales de nuestro país, como la informalidad laboral, no solo se incentivaría la exclusión financiera, sino que arriesgaría la estabilidad económica de muchos. Indudablemente, la inclusión financiera es un trabajo en conjunto de los próximos Gobiernos y entidades correspondientes, en el que se debería aumentar la oferta financiera e incentivar la formalización laboral.
Edición: Claudia Barraza
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2020). PERÚ: REPORTE DE INDICADORES DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS SISTEMAS FINANCIERO, DE SEGUROS Y DE PENSIONES. Junio 2020. Estadística Financiera República del Perú. https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2020/Junio/CIIF-0001-jn2020.PDF
