José tiene 49 años, está casado y tiene 3 hijos. Vive en Puente Piedra y trabajaba como despachador en un “grifo” ubicado en Los Olivos. Su esposa es ama de casa. Él y su familia han cumplido estrictamente con la cuarentena, el toque de queda y todos los protocolos de salud e higiene. José cuida a su familia y piensa en el bienestar de los demás, pero tiene un problema.
Hace 30 días se le acabó el dinero, José y su familia viven de préstamos y la buena voluntad de sus familiares y amigos. Desde la semana pasada, José hace servicio de delivery informal por su barrio y distritos cercanos. Sabe que si no genera ingresos pronto, su familia y él sufrirán de hambre y con ello estarán más expuestos a contraer enfermedades.
¿Realmente tenemos derecho a impedir que alguien ponga en riesgo su salud para no sufrir de hambre?
A fines de marzo leí un artículo del profesor Bullard[1], en el cual señala que la salud general es un bien público, que una parte del costo de contagiarse recae en terceros y que la empatía hace que decidamos invertir recursos propios en proteger a los más cercanos. Dos meses después, esas ideas toman otro significado para mí por los siguientes motivos.
Si bien es cierto que la salud general es un bien público que permite dar respuestas a las necesidades de la población, no todas las personas tienen acceso a ella. En ese sentido, en la práctica, la salud es más un derecho individual, donde cada persona es responsable de mantenerse sana. Por tal motivo, ¿por qué no podemos disponer libremente de este derecho?
En principio, la esencia de todo derecho es disponer de él. Por ejemplo, el derecho de propiedad se ejerce usando los bienes, regalándolos, o incluso destruyéndolos. La libertad de expresión se ejerce escribiendo un artículo como este, pero también quedándonos callados.
No obstante, concuerdo con Bullard de que exponerse al riesgo de contagiarse de una enfermedad genera externalidades que serán asumidas por terceros que no han aceptado asumir ese riesgo (tu derecho acaba cuando empieza el de los demás). Pero ¿qué sucede cuando tenemos un Estado ineficiente y con mala capacidad de gestión?
En ese caso, es casi seguro que no se consiga el total objetivo de evitar las externalidades que los irresponsables causan a otros. Ante ello, solo queda usar la empatía como último recurso. La empatía, según Bullard, hace que decidamos invertir recursos propios en proteger a los más cercanos, incluso cuando el Estado fracasa.
Sin embargo, desde hace semanas que la cuarentena ya no se respeta y miles de personas salen a las calles -como José- a buscar alguna fuente de ingreso para sobrevivir. En el escenario actual, el costo de las externalidades ocasionadas por el riesgo de contagiarse de coronavirus es menor al costo de continuar con la cuarentena.
El pasado 23 de abril, el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, afirmó que nuestra realidad no da para permanecer por más tiempo paralizada y que es indispensable cubrir las necesidades de las poblaciones más vulnerables, porque los bonos brindados por el gobierno ya no son suficientes para mantener los hogares con problemas económicos.
De acuerdo a ello, nos cuesta aceptar como sociedad que, debido a las circunstancias actuales, las personas pueden disponer de su derecho a la salud y decidir si exponerse o no al coronavirus. Existe entonces un doble discurso, basado en supuestos morales, que impiden a las personas disponer libremente de su derecho.
Si José y su familia están de acuerdo en poner en riesgo su salud para no sufrir de hambre y las externalidades producto de ello son menos gravosas que las ocasionadas por mantener la cuarentena, el Estado debe permitir que las personas elijan si salir a trabajar o quedarse encerradas. Si la salud es un derecho tan importante, debemos reconocer la posibilidad de disponer de ella.
[1] Fuente: https://peru21.pe/opinion/coronavirus-en-peru-virus-empatico-noticia/?ref=p21
