Desde hace un buen tiempo, la Fiscalía y el Poder Judicial utilizan a la prisión preventiva como un mecanismo para asegurar la cárcel exprés “justicia” para cualquier acusado de delitos que estén en el ojo de la prensa y la opinión pública. Un ejemplo es el caso de Keiko Fujimori, cuyas marchas y contramarchas expresan la necesidad de una rectificación del sistema actual de justicia. Recordemos su caso:
El caso de la Lideresa de Fuerza Popular
El 29 de noviembre, Keiko Fujimori salió del Penal Anexo de Mujeres de
Chorrillos luego de más de un año de prisión preventiva por el caso Lava Jato.
Muchos creen que estuvo presa por ser culpable; sin embargo, esto es un error.
Keiko Fujimori no ha sido acusada, juzgada o absuelta. Su proceso está aún en
pañales. La razón de la prisión de Keiko ha sido -según la fiscalía- la
obstrucción u obstaculización descarada de la justicia.
El argumento de la fiscalía era que Keiko Fujimori estaba interfiriendo -a través de sus congresistas- con la investigación del caso Lava Jato, amedrentando a testigos y utilizando al fiscal supremo Pedro Chávarry para obstaculizar la investigación. Todos estos elementos fueron usados por la Fiscalía para solicitar prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular. La medida fue dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, el 31 de octubre de 2018, por un período de 36 meses. Después de su internamiento en el penal, la hija del ex presidente Alberto Fujimori trató de salir en libertad, pero todos sus recursos fueron rechazados instancia tras instancia (perdía más que Lourdes Flores).
Un hecho inesperado
Paralelamente, Sachi Fujimori (la hermana de Keiko) presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. Uno creería que la situación no cambiaría y que este sería rechazado. Sin embargo, un acontecimiento aparentemente inconexo generó que, finalmente, Keiko Fujimori sea liberada: la disolución del Congreso. Recordemos que el 30 de septiembre de este año, el presidente Martín Vizcarra disolvió (¡por fin!) el Congreso de la República. Así, los congresistas de Fuerza Popular se quedaron sin chamba y perdieron su poder para interferir con las investigaciones de la Fiscalía. Este fue el argumento utilizado por Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, para inclinar la balanza a favor de la liberación de Keiko. La tesis de Ramos Núñez, sin embargo, tiene algunas falencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el nuevo Congreso vuelve a tener una mayoría fujimorista? (Recemos para que no ocurra) ¿Cómo comprobar que no va a volver a obstaculizar las investigaciones de la Fiscalía? Son dudas legítimas que quedan sin respuesta.
Más allá de esto, la Fiscalía ha vuelto a solicitar 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Pobre… para eso mejor se quedaba en el penal. El argumento es que existen nuevas pruebas contra la lideresa de Fuerza Popular entre los que destacan testimonios de Jorge Yoshiyama, Dionisio Romero (Credicorp) y Vito Rodríguez (Grupo Gloria) sobre millonarios aportes a sus campañas políticas.
Reflexiones finales
En mi opinión, si después del debido proceso judicial se determina que las pruebas son contundentes contra Keiko Fujimori, esta debería ir a prisión (solo es cuestión de tiempo). Lamentablemente, también considero que la cantidad de tiempo que se están tomando los fiscales para acusarla es excesiva (son más lentos que un desfile de tortugas cojas). No es posible tener a los acusados presos “preventivamente” por años y no dictaminar una sentencia final. Un caso emblemático de esta situación judicial en nuestro país es el de Martín Belaúnde Lossio, quien estuvo preso de manera “preventiva” durante 4 años y 7 meses, sin tener pruebas contundentes que permitieran una acusación definitiva y su posterior juicio. Entre todos nosotros, los peruanos, esto genera una sensación de abuso de autoridad y de privación de la libertad sin llegar a un veredicto final, creando un clima de desanimo y frustración. Es necesario que la Fiscalía acuse o archive, pero no se puede tener a las personas situadas en un limbo judicial con la libertad, vida y el futuro paralizados. Finalmente, tengo que destacar que no defiendo a aquellos que son presuntamente culpables, pero sí su derecho a un juicio justo y a que se les considere inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
