Se nos pasó el tren hasta el próximo gobierno con el Acuerdo de Escazú, que ya se puso en marcha luego de que México fuera el último país en firmar, una victoria en temas medioambientales para Latinoamérica. Nuestros representantes argumentaban que no necesitábamos el acuerdo para trabajar y mejorar en cuanto a la protección de los defensores de los derechos humanos y el acceso a la información ambiental. Veamos qué cambios se han dado en el país con respecto a estos temas el último año.
Vivir en un ambiente sano y sin contaminación es considerado un derecho fundamental y los principales defensores son los pueblos nativos que protegen en su territorio cerca del 80% de la biodiversidad del planeta, concluye un informe de la ONU en el 2018. Uno esperaría que el Estado apoye estas iniciativas; sin embargo, el Perú y Latinoamérica siguen siendo de los lugares más peligrosos para quienes defienden el medio ambiente. Este año el problema aumentó debido a las restricciones de la pandemia -las pérdidas económicas que estas causaron- y por la situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraban al no contar con una infraestructura de salud bien desarrollada.
¿Cuáles han sido los nuevos conflictos, cuáles se mantienen y qué buenas noticias hay?
Uno de los nuevos retos es conseguir una consulta previa democrática en medio del aislamiento social. Llegar a acuerdos ya es un proceso complicado, pero ahora se suma la presión de reactivar la economía lo más pronto posible con proyectos que generen ingresos rápidamente, en su mayoría de carácter extractivo. Como se expresa en el artículo 6 del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), no se pueden iniciar proyectos sin tener una conversación completa con los pueblos que se verán afectados por estas actividades, por lo que el Estado está planeando reducir el plazo para llegar a un acuerdo a la mitad del tiempo (de un año a seis meses).
Esta idea de tener un consenso entre ambas partes en un tiempo más reducido es realmente un desafío, pues anteriormente ya se rechazó la idea de hacer el diálogo de forma virtual. La razón que argumentaron era que no se podía tener un diálogo fluido debido a la falta de conectividad en todo el país, lo cual pone a las comunidades en desventaja al no contar con herramientas de comunicación o alternativas a la par.
A la fecha se siguen proponiendo alternativas y el tema ha generado controversias sobre los intereses del Estado y hacia quién está dirigido el apoyo, si a las empresas o a los pobladores. Es un tema al cual debemos mantenernos atentos para poder realizar los reclamos necesarios mientras se avance en el debate y que no nos tome por sorpresa una nueva legislación.
Además, no podemos olvidar la gran cantidad de protestas sociales que no llegan a una resolución justa. Lamentablemente, esto tiende a ocurrir por un desacuerdo entre el Estado y las comunidades en cuanto a cómo tratar temas ambientales y el incumplimiento de las soluciones previamente acordadas. Aunque en la capital pasaron desapercibidos, este año hubo más de 100 protestas mensuales en diferentes provincias, similar al año anterior. Las protestas de los pueblos nativos no son un tema nuevo, y la represión policial como forma de control es algo que este año también se ha mantenido. Abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, violencia física y amenazas son las principales técnicas de la PNP para “mantener el orden”. No ayuda que las empresas privadas todavía puedan contratar policías para realizar labores de cuidado.
El uso excesivo de la fuerza es justificado bajo la criminalización de los defensores de derechos humanos, una táctica que ya lleva años en ejecución y aunque la federación internacional de derechos humanos ha denunciando, sigue sin abolirse. Un claro ejemplo de esto es que este año por fin se declaró como inocentes a 19 manifestantes que se encontraban en juicio desde el 2015, luego de encontrarse varias irregularidades en el proceso, lo cual demuestra el poco interés de la justicia para resolver estos temas. La justificación que se dio fue el aumento de la burocracia debido a la pandemia, sin poder explicar los otros cuatro años anteriores.
Pero no todo son malas noticias, un avance que podemos resaltar es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó la creación del “Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”, un proyecto que comenzará a recopilar información sobre las situaciones de riesgo y los mayores problemas que enfrentan los defensores para después mejorar los planes de acción contenidos en el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” del 2019. Esperemos que estos informes tomen en cuenta todos los atentados a los defensores, ya sea de parte de las fuerzas policiales o de las empresas, y no solo de quienes realizan actividades extractivas ilegales, para poder diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, y no con datos parciales que dejan varios vacíos de defensa.
Igual nos preguntamos, ¿es esta medida a nivel nacional suficiente para mantener a los defensores a salvo? El tiempo lo dirá. Recordemos que este año se ha asesinado a 5 dirigentes indígenas en ocasiones aisladas, otros durante protestas y más aún, fallecieron por la pandemia importantes líderes frente a la deforestación y narcotráfico. Estos planes quizá sean más eficaces si fueran monitoreados por la comunidad internacional bajo cierto acuerdo, como por ejemplo el que el congreso se negó a firmar este año. Sí, nos referimos una vez más al acuerdo de Escazú.
