A pocos días de cumplirse 1 año desde el primer caso confirmado de COVID-19 en el Perú y en el auge de la segunda ola de contagios, el Perú se ahoga.

A febrero de 2021, la demanda de oxígeno medicinal ha aumentado en un 300% en comparación con los primeros meses del 2020. Según datos recogidos por el Ministerio de Salud (MINSA) el Perú requiere de 510 toneladas al día, existiendo un déficit diario de 110 toneladas.

Increíble pero cierto: a 1 año del inicio de la pandemia, el Gobierno ¿los gobiernos? no ha logrado cubrir la demanda de oxígeno medicinal diaria, a pesar de haber tenido meses de cifras reducidas de COVID-19, en los cuales se pudo trabajar en la construcción de más plantas.

Y ahora, ¿cómo se cubre este déficit? La clásica consecuencia de la ineficiencia en la gestión de los recursos del Estado: el privado salva.

Compañías mineras como Southern Perú, Antamina y Cerro Verde han donado plantas de oxígeno a las regiones más afectadas del país. Del mismo modo, financiaron la importación por vía aérea de cuatro isotanques desde Alemania para viabilizar el transporte del oxígeno medicinal donado desde Chile hasta el Perú.

Fuente: El Comercio

A través de la importación de los isotanques, el Perú podrá recibir las 1,000 toneladas de oxígeno medicinal ofrecidas por nuestro país hermano, siendo que hace unos días recibimos el primer lote de 40 toneladas.

El apoyo del sector minero viene siendo crucial en la lucha contra el déficit de oxígeno en el país: las empresas del gremio han donado a favor de los hospitales un total de 30 plantas de oxígeno (estando pendiente la entrega de 6 más) y más de 4 millones de litros de oxígeno.

Pero la mala gestión de nuestras autoridades no ha sido el único bache que ha impedido que el oxígeno medicinal llegue a todos los peruanos, sino la poco célebre Resolución Ministerial 1361-2018-MINSA, que incluye al oxígeno medicinal de 99-100% de pureza dentro del “Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales del Sector Salud”.

Según esta norma, un medicamento esencial es aquel que cubre la mayor parte de las necesidades prioritarias de salud y que ha demostrado ser comparativamente seguro, eficaz y costo-efectivo. Además, debe estar disponible en todo momento y al alcance de la población que lo necesita.

Cabe indicar que esta disposición data del 2010 y lo que originó una vez iniciada la pandemia es que no hubiera suficientes proveedores de oxígeno medicinal a ese nivel de pureza, por lo que la oferta era notablemente reducida contra la oferta de oxígeno medicinal a 93%, lo cual generó un DÉFICIT DE OXÍGENO MEDICINAL.

El Estado – lento como él solo – advirtió el problema en junio de 2020 (ajá, recién en junio) y dispuso, vía Decreto de Urgencia N° 066-2020, como medida extraordinaria el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%, lo cual ampliaría el margen de compra del sector salud.

Pero esto no fue todo. Lo que vino después fue un solo de emisión de normas que tardó meses en plena emergencia sanitaria.

En agosto de 2020, vía Resolución Ministerial 646-2020-MINSA, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas propuso incluir en la Resolución Ministerial 1361-2018-MINSA (citada anteriormente) al oxígeno medicinal al 93% de pureza para inhalación, incluyendo así dentro de los medicamentos esenciales del sector salud al oxígeno medicinal de esta concentración.

Aparentemente el problema se resolvió a pocos meses de iniciada la pandemia, ¡PERO NO! La Resolución Ministerial 646-2020-MINSA que “propuso” la inclusión del oxígeno medicinal a nivel de pureza 93% como medicamento esencial fue recién publicada en noviembre de 2020, vía OTRA Resolución Ministerial, la 918-2020-MINSA.

No es ficción: demoró 3 meses desde la propuesta que las autoridades del sector salud aprobaran la inclusión del oxígeno medicinal al 93% como medicamento esencial que debe encontrarse siempre a DISPOSICIÓN y ALCANCE de la población, a 8 meses de iniciada la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, una Resolución Ministerial no tiene el mismo rango que una ley. A fines del 2020, a pesar de que ya se podía hacer uso del oxígeno medicinal al 93%, no había ley que avale la disposición -tardía- del MINSA.

A efectos de revertir la situación, con fecha 20 de enero de 2021 se publicó la Ley N° 31113, que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional.

A través de esta norma con rango de ley, finalmente se confirma el uso de oxígeno medicinal en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud del sector público, privado o mixta con una concentración no menor al 93%, tal como lo recomiendan los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Con qué nos quedamos después de esta cronología?

La capacidad de respuesta del Estado ante las necesidades imperantes de la población ha demostrado ser excesivamente lenta, sobre todo en el marco de una emergencia sanitaria, en la cual se requieren respuestas rápidas.

En estos escenarios, en que la salud apremia, se evidencia que las maniobras erradas del Estado pueden costar vidas y que, al final del día y a pesar de todos los esfuerzos, el apoyo del sector privado es crucial para salir de la crisis.