No es sorpresa que los países de Latinoamérica cuenten con expresidentes involucrados en procesos judiciales o encarcelados. Hace un mes, otro más se sumó a la lista: el expresidente de Brasil, Lula Da Silva, fue condenado a doce años de prisión tras verse presuntamente envuelto en casos de corrupción y lavado de activos. ¿Qué efectos tiene la corrupción en la economía y la estabilidad política de Brasil y cuál es la percepción de la corrupción en Latinoamérica?
La sentencia de Lula da Silva agrava aún más la crisis política que Brasil vive desde hace seis años a causa de los escándalos de corrupción, en el que se han involucrado distintos funcionarios políticos. El detonante de esta crisis tuvo lugar cuando salió a la luz la Operación Lava Jato, donde se descubrieron los sobornos de la empresa Petrobras a empresarios y políticos; entre los cuales se encontraba la expresidenta Dilma Roussef, lo cual fue una de las causas de su destitución (ni el Mundial de Brasil 2014 la salvó). Luego, asumió el poder Michael Temer, y se repitió lo mismo: denuncias de corrupción a causa de supuestos sobornos que su partido político, Movimiento Democrático Brasileño, recibió por parte de la compañía Odebrecht.
En el ámbito económico, las consecuencias de las crisis políticas suelen repercutir en la inversión y el consumo, ya que los agentes empiezan a perder la confianza en los mercados. Durante el gobierno de Da Silva, antes de que la crisis estalle, Brasil era una de las economías más fuertes de la región gracias a la inversión pública y el efecto multiplicador que hubo en el país. Sin embargo, la inestabilidad política de los últimos años ha provocado que, junto con otros factores como la caída del precio de los commodities o los efectos de la crisis del 2008, el crecimiento de Brasil entre el 2015 y 2016 registre tasas negativas y que en el 2017 solo crezca 1.04% (una tasa baja respecto a otros periodos). Ahora, con el reciente encarcelamiento de Lula da Silva, se puede decir que es probable que los inversionistas continúen viendo con cierto temor a los funcionarios políticos de Brasil y a su posible recuperación económica, por lo que la inversión privada podría estancarse. Ello a su vez podría afectar negativamente al mercado laboral y por ende al gasto de los consumidores (aunque la felicidad de ganar el Mundial podría crear una ola de optimismo en los consumidores #Neymarhazteuna).
Otro punto importante que preocupa a los mercados es la incertidumbre que generan las próximas elecciones en Brasil en octubre de este año. Lula da Silva, quien pidió su liberación, ha mencionado su intención de participar en las próximas elecciones; sin embargo, la Segunda Sala de la Corte Suprema negó su excarcelación la semana pasada. Esto provoca que su participación en los comicios, donde lidera las encuestas a la presidencia, tenga mínimas probabilidades de materializarse. Mientras Da Silva intenta mostrar pruebas para demostrar su inocencia o su partido inicia el proceso para elegir otro candidato, los otros partidos tratan de subir en las encuestas y de ganarse a los simpatizantes de Da Silva (la mayoría perteneciente a las clases medias y bajas). Esta incertidumbre sobre quién será finalmente el que se gané a los votantes de Da Silva (sin su participación) podría tener un efecto en los mercados, pues no hay una señal clara sobre cómo será manejada la economía brasileña en los próximos años.
Es claro que, en Latinoamérica, la política es una variable clave para el desempeño de la economía de la región. Un común denominador es que, en los últimos años, los casos de corrupción producto de los sobornos de Petrobras y Odebrecht, han englobado a políticos de varios países latinoamericanos y ha tenido un impacto adverso en sus economías. Por ejemplo, en Perú, han sido involucrados en este caso los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y PPK; por ello, Latinoamérica es vista por los mercados internacionales como una región en la que la corrupción es parte de la política. En efecto, el indicador de percepción de la corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional, se mostró en rojo (por debajo de 50 puntos) para varios países en el 2017, de los cuales Colombia, México, Venezuela y Brasil tendrán elecciones este año. Solo queda esperar que los políticos y candidatos a la presidencia impongan cambios estructurales para luchar contra la corrupción, y así la percepción cambie (y de paso que El Mecanismo sea la última serie que se cree sobre un escándalo real de corrupción en la región #serierecomendable).