Siempre se comenta que el peruano es “vivo”, pero uno solamente “se pasa de vivo” si alguien más se lo permite. Para ser exitoso en los negocios hay que ser “vivo” (hasta cierto punto), y no hay duda de que los dueños de muchas de las universidades que hoy operan en el Perú aprovecharon la insuficiente regulación que había en el país entre los años 2000 y 2013 para abrir universidades. Entre el año 2000 y el 2013, el número de universidades en el país creció de 70 a 142. Para ponerlo en perspectiva, entre 1990 y el 2000 solamente se abrieron 19 universidades nuevas. A la fecha, solamente 56 de las 143 universidades que hay en el Perú cuentan con licencia de funcionamiento
El mes pasado, dos universidades no consiguieron el licenciamiento institucional y por tanto han entrado en un proceso de cierre. Estas universidades son: La Universidad Peruana de Arte ORVAL y La Universidad Peruana de Integración Global (UPIG). El proceso de cierre consiste en avisarle a los alumnos en un plazo de 60 días que la universidad no consiguió licenciamiento. Los estudiantes luego tienen la opción de seguir en la universidad por un periodo máximo de 2 años o trasladarse. La universidades en mención tienen que brindarle las facilidades a los alumnos para trasladarse y no pueden admitir nuevos alumnos a la universidad. ¿Quién les devuelve el dinero invertido a los estudiantes? ¿Quién les devuelve un minuto de su tiempo? Nadie.
Los alumnos graduados de las universidades a las que se les negó las licencias podrían tener problemas al insertarse en el campo laboral.
Brindar los servicios de educación superior no es lo mismo que vender una golosina. ¿Recuerdan cuando el Ministerio de Agricultura indicó que el “chocolate” Sublime no era un chocolate, sino una golosina debido a que tenía menos de 35% de cacao en su composición? A nadie le gusta que lo estafen, pero las repercusiones de comer una golosina en vez de un chocolate son unos kilitos de más en la balanza, mientras que las repercusiones de estudiar en una “universidad” son miles de soles y años desperdiciados. El problema no está en el modelo de negocio, universidad low cost, sino en el simple hecho de no llegar a cumplir las condiciones mínimas para funcionar como universidad. Algunas de estas condiciones mínimas de calidad que exige la SUNEDU son: mecanismos de inserción laboral, objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio, infraestructura adecuada y líneas de investigación. Estas condiciones mínimas fuerzan a las universidades a que inviertan más recursos para conservar su condición de “universidad”.
#ThrowbackTuesday, recordemos cuando el MINAGRI catalogó al sublime como una golosina debido a su bajo contenido de cacao.
Hasta el 2014, el Consejo Nacional para la Autorización de Universidades (CONAFU) era el organismo que le otorgaba la licencia de funcionamiento a las universidades. El hecho de que haya existido un crecimiento en la apertura de universidades sin ningún tipo de control rígido hasta dicho año, dio a lugar de que existan hoy 143 universidades en el país. Algunas disque universidades pudieron brindar servicios de educación superior, bajo el nombre “universidad”. La diferencia es que las disque universidades cobran menos de lo que cobraría una universidad adecuada, atrayendo a personas con menos recursos que desean tener una profesión. Este es un excelente modelo de negocio, puesto a que respondía a la creciente población en las zonas urbanas del país, y a la creciente demanda por educación superior. Entre el 2007 y el 2015, el número de alumnos matriculados en universidades privadas incrementó en más de 600 mil personas (De 363 mil a 979 mil). Un negociazo para las universidades privadas con fines de lucro. Ante este descontrol en el crecimiento de las universidades, surge la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en el 2015 como organismo responsable del licenciamiento de universidades.
El gran problema con el crecimiento descontrolado de las universidades entre el 2000 y 2013
Por otro lado, las universidades estatales tampoco se salvan. Las universidades Federico Villarreal y la Cantuta tampoco cumplieron con las condiciones mínimas básicas que solicita la SUNEDU, sin embargo se les exigió un plan de adecuación, el cual es un programa para contar con las condiciones básicas mínimas de calidad. Estos casos representan la falta de inversión del estado y es una de las razones por las cuales el sector privado aprovecha en cubrir la demanda insatisfecha por educación superior. A diferencia de las universidades a las que simplemente se les negó la licencia, la SUNEDU debe haber evaluado que la Universidad Villareal y la Cantuta tienen los recursos para poder eventualmente conseguir la licencia institucional.
La educación superior low cost seguirá siendo un modelo de negocio viable, pero ya no será un negociazo gracias a la intervención de la SUNEDU. No se puede criticar a este modelo de negocio porque le brinda oportunidades a jóvenes que no tienen los medios para pagarse una universidad más prestigiosa y no desean (o no agarraron cupo) estudiar en una universidad estatal. A las que sí se debe sancionar, son aquellas universidades que no desean tener al menos 25% de los profesores contratados a tiempo completo, aquellas que no quieren invertir en infraestructura adecuada e investigación, aquellas que no desean tener planes de estudio ni mecanismos de inserción laboral, pero aún así desean llamarse “universidad”.
