Desde el sábado pasado, uno de los temas que no ha dejado de ser discutido en el Perú es qué se hará con el cuerpo del genocida Abimael Guzmán.
Como se sabe, Abimael Guzmán, líder del grupo maoísta Sendero Luminoso, y el causante de decenas de miles de muertes en el país entre 1980 y 1992, falleció el pasado sábado a los 86 años de edad en el penal de la Base Naval de El Callao, la prisión de máxima seguridad donde cumplía condena por delitos de terrorismo. Este evento ha generado un debate sobre qué hacer con sus restos, lo que muestra en parte la poca previsión que se ha tenido a nivel de gobierno para estos casos en años anteriores. Resulta que nadie sabe qué hacer.
Las consecuencias de la no tan lejana campaña electoral pasada, donde azuzaban el miedo a la población ante una vuelta del terrorismo con la elección de Pedro Castillo, y las acciones fallidas del gobierno para deslindarse de estos vínculos, han puesto en los últimos días al país en cierto grado de histeria colectiva que se ha llegado hasta “teorías conspiranóicas” que dejan a entrever que las diferencias que nos separan desde la última contienda electoral siguen vigentes.
Coexisten los grupos que exigen ver el cuerpo (en cierto modo, razonable, siendo sinceros), hasta los más extremos que piensan que era una jugada del gobierno para liberar al criminal (Porque claro, todos en el gobierno son terroristas y se prestarán para ello *facepalm*). La muerte de uno de los criminales más infames del siglo XX del Perú ha dejado ver la escala del trauma de lo vivido en aquella época y el temor que sigue vigente en algunas personas.
No obstante, no hay que olvidar que se quiera o no, este evento tiene tintes políticos que no hay que olvidar. No hace falta remontarnos muchos meses atrás para ver que se “terruqueaba” a diestra y siniestra a cualquiera que se alejara si quiera un poco del status quo o que simplemente no apoyaba a un candidato en particular. En la campaña electoral, el presidente recibió acusaciones de vínculos con Sendero Luminoso, algo que siempre ha rechazado y que, si bien no lo vinculan directamente, no ocurre lo mismo en su círculo cercano.
No podemos olvidar que el primer ministro, Guido Bellido, está bajo investigación por apología del terrorismo y por sus mensajes ensalzando a la histórica senderista Edith Lagos, además de su presunta vinculación con algunos cabecillas senderistas en la zona del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro). O que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, está acusado de comandar a guerrilleros senderistas en Huamanga entre 1980 y 1981. Esta serie de acusaciones solo se alimentan de situaciones como estas, donde el gobierno en lugar de tomar una posición clara en contra del terrorismo solo decide condenarlo y “tirarle la pelota” al Ministerio Público. El presidente Castillo desperdicia una vez más un gesto político enfático que podría tranquilizar las aguas en el país ya de por sí dividido.
Sin embargo, en medio de todo esto ha surgido una duda fundamental para este caso: ¿qué hacemos con el cuerpo?
Varios grupos políticos han manifestado su intención de que se realice una cremación de sus restos, por el temor de que un entierro pueda generar una especie de “altar o lugar de culto” que pueda congregar a algunos simpatizantes que quedan hasta la actualidad. Incluso el ministro de Justicia, Anibal Torres, ha solicitado el pasado lunes a la Fiscalía que disponga la cremación de los restos de Guzmán. Sin embargo, la Fiscalía previamente había informado en una comunicación que, de acuerdo con la Ley General de Salud y el Código Procesal, “los restos deberán ser entregados a los familiares directos debidamente acreditados”.
Lo cierto es que este pedido ya se ha hecho por parte de su viuda, Elena Iparraguirre, quien desde la cárcel en la que cumple condena por su pertenencia a Sendero Luminoso. Según los comentarios citados por la página web del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), “responsabilizó al Estado peruano del “asesinato” de su esposo y “la desaparición de su cuerpo”. Sin embargo, los intentos hasta ahora han sido desestimados.
Por otro lado, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, admitió que el caso de Guzmán enfrenta a las autoridades a “un vacío normativo”, por lo que se presentó al Congreso este lunes un proyecto de ley para que jueces o fiscales puedan disponer el destino final de cadáveres “en caso de posible afectación a la seguridad y orden público”.
Hasta ayer no había nada dicho y seguíamos con la incertidumbre de qué se haría con los restos de Abimael Guzmán. Muchos consideraban correcto realizar la cremación del cuerpo, mientras otros apelaban a un “sentido de humanidad” para justificar entregárselo a sus familiares. Lo cierto es que independientemente de lo que se decidido hacer, es un recordatorio para poder rememorar y conocer los eventos de una historia que no debemos repetir. Solo teniendo memoria podremos evitar que la historia se repita.
Editado: Daniela Cáceres.
