Parece ser que, cuando muchos prometimos que el 2020 sería nuestro año, el universo lo entendió como el deseo de vivir en una serie de hechos que combine terror, suspenso y algo de sátira. El impacto económico y social del coronavirus resulta en una de las mayores crisis de la historia que está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos, la comunidad científica y la sociedad. Una de las grandes esperanzas entre tantas tristezas es la pronta creación de una vacuna contra el virus; sin embargo, dados los incentivos de agentes privados, resulta retador poder gestionar su alcance a todos los países. En vista de ello, hoy Freak te presentará algunas de las razones por la que la vacuna contra la COVID-19 debe ser tratada como un bien público internacional.
Aterricemos, primero, con algunas definiciones. Un bien público es aquel cuyo consumo es indivisible y puede ser compartido por distintos miembros de una comunidad. Las dos características inherentes a un bien público son la no exclusión, la cual alude a que cualquier persona en su radio de alcance puede obtener beneficio del bien, y la no rivalidad, que se refiere a que el uso de un privado no impide que otro acceda también. Un ejemplo clásico en la economía son los postes de luz en las calles, los cuales, inevitablemente, alumbran a todos y tienen un costo de acceso cercano a cero.
En la actualidad, dado el contexto de globalización, tratados de comercio internacional y, sobre todo, intereses económicos relacionados, la definición de un bien público no se limita al territorio nacional. La crisis financiera y económica del 2008 demostró que existe un “efecto contagio” entre los países, el cual se ha materializado irónicamente este 2020 con el contagio de una enfermedad viral: la COVID-19. Ello, por supuesto, no se ha limitado al ámbito de la salud, sino que se ha convertido en una crisis económica para todos los territorios. Esta inevitable relación con estos últimos derivan en los denominados “bienes públicos globales”.
Pero ¿cómo se relaciona esto con la futura vacuna para el coronavirus? Los laboratorios internacionales –así como cualquier productor– buscan obtener rentabilidad con su trabajo. En vista de ello, los gobiernos suelen generar incentivos para la producción de bienes costosos mediante patentes, beneficios fiscales, entre otros. Sin embargo, el problema con ello es que se reduce la disponibilidad y accesibilidad de dichos bienes y se encarecen sus precios. Teniendo en cuenta ello, ¿se debería proteger los derechos de propiedad de los laboratorios que buscan la cura contra la COVID-19? Aunque la respuesta en economía sea casi siempre “depende”, parece que este no es el caso.
A inicios del mes de junio, se realizó una cumbre virtual mundial que reunió a gobiernos de más de treinta países, representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante la conferencia, el secretario de la ONU señaló que una vacuna contra el coronavirus debe ser tratada como un bien público global. Esto guarda estrecha relación con el mencionado efecto contagio: así como dentro de un país se busca atender a las poblaciones vulnerables, el mundo debería procurar que las naciones más pobres estén equipados contra el virus. Esto se debe a que, además del aspecto altruista –que algunas veces no suele ser suficiente incentivo hay gente sin corazón–, dadas las relaciones económicas entre países, el crecimiento y recuperación económica de uno depende también del otro.
Un ejemplo sencillo de lo anterior es que si países en desarrollo como la India o, incluso, el Perú no acceden a la vacuna, los países desarrollados probablemente no retomarían la senda de crecimiento. Esto se debe a que estos últimos suelen importar materia prima y mano de obra de los países subdesarrollados, además que también encuentran, en estos, potenciales mercados para sus productos. Asimismo, en caso de que no se blinde a todos contra la enfermedad, se corre el potencial riesgo de que, a través de los viajes, exista un rebrote de la pandemia en determinados lugares. Incluso, si se llegara a prohibir la entrada a los que no accedieron inmediatamente a la vacuna, se generaría pérdida de eficiencia social: imagínate querer visitar un país por sus maravillosos paisajes y no poder hacerlo por la presencia del virus.
El debate de si la vacuna deberá ser tratada como un bien público o no resultará intenso en el futuro. No obstante, si se llega a tratar como un bien privado, el retorno a la “normalidad” no será posible, ya que los países que no puedan pagarla continuarían restringiendo la entrada y salida de bienes, los viajes y sus poblaciones vulnerables seguirán siendo las más afectadas. Esto, junto con la precariedad de sus sistemas de salud o la poca eficiencia con la que funcionan –como es el caso de nuestro sistema fragmentado– sería una bomba de tiempo que afectará la economía global.
Indudablemente, gestionar el alcance de la vacuna requiere de esfuerzos de los países y apoyo de agencias y cooperaciones internacionales, que serían lo más cercano a un “gobierno internacional”. Asimismo, se deberá implementar mecanismos e incentivos legales para alinear los objetivos de los laboratorios y centros de investigación con lo que resulta el mejor resultado para todos: la protección de la población de todos los países. Es una tarea complicada, pero no se debe perder de vista el objetivo principal: salvar la mayor cantidad de vidas posibles.
Edición: Claudia Barraza
