La stevia es un edulcorante y un sustituto natural del azúcar que no contiene calorías. Si bien lleva varios años usándose en la elaboración de diversos tipos de dulce, cada vez son menos los campos donde crece la planta de stevia silvestre debido a su preocupante situación: la biopiratería. ¿Conoces la definición de esta práctica y su impacto en los diversos agentes involucrados? ¡Aquí te contamos!
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La planta de stevia crece de manera silvestre en Paraguay donde ha sido cultivada por los pueblos indígenas paí tavyterás durante siglos. El conocimiento sobre su poder edulcorante y preparación se ha transmitido entre generaciones hasta la actualidad. Debido a su uso comercial por parte de empresas multinacionales cosméticas, farmacéuticas y, principalmente, de alimentos y bebidas, desde 1970, también es posible ver su cultivo en otros países fuera de la región. De hecho, China es el principal productor de stevia con alrededor del 80% de hectáreas cultivadas.
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En esa década resurgió el interés de los investigadores extranjeros por la planta y la tomaron junto a los conocimientos ancestrales de los paí tavyterás. Hoy en día, estos secretos ya no tan secretos les permiten a las empresas ahorrar en investigación y desarrollo a la hora de crear nuevos productos y procesos relacionados con la stevia. Estas innovaciones terminan siendo patentadas, pero la mayoría de las empresas no logra ponerse de acuerdo con los paí tavyterás para compensarlos por el uso de su fórmula original para preparar la stevia. A esta práctica se le conoce como biopiratería.
Como consecuencia de ella, estas comunidades carecen de recursos para conservar la stevia silvestre, la cual se declaró en peligro de extinción en 2006 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay. Al mismo tiempo, el perímetro de sus tierras es amenazado por la creciente extensión de los cultivos de soja y por la ganadería vacuna, dos actividades económicas que el gobierno le da mayor preferencia por ser el segundo y tercer lugar en sus exportaciones respectivamente. Esta situación perjudica su producción y exportación, así como el empleo entre estas comunidades, sobre todo para los jóvenes.
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El párrafo anterior parece coincidir con el primer tramo de la siguiente adaptación de la curva ambiental de Kuznets:
En este caso la lógica consiste, inicialmente, en una mayor pérdida de cultivos de stevia silvestre (biodiversidad) a medida que Paraguay crece mediante el desarrollo de sus exportaciones de soja y carne vacuna. No obstante, su situación podría cambiar de tal forma que los campos de stevia empiecen a recuperarse, entre otras razones, porque nuevas leyes entran en vigor. Entonces ¿qué tendría que pasar normativamente en Paraguay para que la stevia recupere su potencial económico y no se extinga?
Un esfuerzo internacional por combatir la biopiratería y conservar la naturaleza es el protocolo de Nagoya. Este tiene como objetivo la repartición justa y equitativa de beneficios entre los usuarios (empresas) y los proveedores (comunidades indígenas) derivados del uso de recursos genéticos o del conocimiento sobre los mismos. A pesar de que lo apoyan más de la mitad de los estados miembros de las Naciones Unidas, las diversas interpretaciones que le dan los países industrializados y los países en desarrollo hacen que ambos grupos no lleguen a acuerdos y, por ende, que la biopiratería persista. Por eso es importante que países como Paraguay tomen medidas que faciliten la viabilidad de las negociaciones.
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Por ejemplo, el Perú no solo participa del protocolo, sino que es el único país que cuenta con una Comisión Nacional contra la Biopiratería (CNB) lo cual lo vuelve un modelo a seguir en materia de defensa de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. De los 181 intentos por querer patentar recursos sin autorización, 66 han sido rechazados. No obstante, se necesita un mayor esfuerzo a la hora de difundir el acceso (de los usuarios) a estos recursos con fines monetarios.
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Utilizando el caso peruano como punto de referencia, los guaraníes podrían, en primer lugar, participar en la designación de organismos encargados de dar autorización a los usuarios de sacar provecho de los recursos biológicos. En segundo lugar, podrían establecer un sistema de compensación estandarizado para aquellos usos nuevos (de los recursos) que se quieran patentar y así reemplazar las complicadas negociaciones entre las empresas y las comunidades. Esto les simplificaría la vida a los usuarios porque ya no tendrían que gastar tanto tiempo y dinero en asesoría legal para interpretar el protocolo de Nagoya, lo cual los volvería más dispuestos a cooperar.
La idea detrás de estos esfuerzos es que progresivamente los usuarios puedan competir entre sí siendo responsables con el medio ambiente y conservándolo. Del mismo modo, la compensación debería ayudar a que estos recursos se sigan produciendo localmente y a mejorar el empleo de aquellas comunidades que los cultivan.
Edición: Cristóbal Contreras
