Manuel era un guardia de seguridad para el Banco Mercantil de Venezuela que se había ganado la vida honradamente durante los últimos 15 años. En el 2016 perdió su empleo y se vio forzado a recurrir a cualquier tipo de trabajo para ganarse la vida. Lo intentó todo: ser Lava-platos, mesero, lustra-botas, etc. En el 2018, los bolívares que recibía no le alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas. En setiembre decide emigrar al Perú. Manuel no contaba con pasaporte ni con un título profesional, por tanto estuvo varado dos días en la frontera de Tumbes con Galaquiza (ciudad de Ecuador) hasta que se atendió su solicitud de refugio y finalmente pudo entrar al país.
Como Manuel, hubo centenares de venezolanos a los que se les dificultó su ingreso al Perú como resultado de que, el 25 de agosto, el Gobierno peruano comenzó a exigirle el pasaporte a los venezolanos que inmigraban al país. El ministro del interior, Mauro Medina, indicó que dicha medida se llevó a cabo para tener un registro de quiénes realmente ingresan al país. La cédula de identidad venezolana no tiene ninguna marca de agua y son fáciles de falsificar. El ingreso con pasaporte permitiría identificar si la persona tiene alguna orden de arresto registrada por la Interpol.
Cola de venezolanos… pero no para entrar a Tumbes, sino para recibir comida en Venezuela. Esperemos que no hayan tenido que pasar por lo mismo al llegar al Perú.
Como toda ley en el Perú, Dicha propuesta tenía sus excepciones y huecos, y había maneras de ingresar al país sin necesariamente contar con un pasaporte. Si la persona contaba con un título profesional o se encontraba en una situación humanitaria –como podía ser algún anciano, una madre con sus hijos o una mujer embarazada– , entonces dicha persona podía entrar al país. En caso no se cumpla con ninguno de los requisitos mencionados, se puede llenar una solicitud de refugio. Dicha medida tuvo “éxito” debido a que el flujo de venezolanos al Perú disminuyó de 3,000 personas por día a 1,300 (fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones).
Lejos de ser un equipo olímpico de nado sincronizado, se espera cierta sintonía en las medidas que el Poder Ejecutivo y Judicial ejerzan. El Poder Judicial anuló este viernes 5 de octubre la prohibición del ingreso de venezolanos sin pasaporte. La jueza Celia San Martín, del Quinto Juzgado Penal de Lima, consideró que la propuesto impuesta por el Gobierno peruano no respetaba el derecho al libre tránsito.
La disyuntiva se encuentra en considerar si se deben tener mecanismos de control para modular el ingreso de venezolanos o no. Considerar que se deben tener mecanismos de control está lejos de ser una medida xenofóbica. Tan solo se quiere que los venezolanos que están entrando al país, no sean criminales. El ministro Medina no dudó en recalcar que actualmente hay 72 venezolanos en cárceles peruanas. Entre los venezolanos que entraron al país, se encuentran por lo menos 4 miembros pertenecientes a la banda criminal venezolana “Los malditos del tren de Aragua” – FYI 4 ya están detenidos. Cabe mencionar que los miembros de esta banda entraron al Perú ilícitamente.
Es imposible considerar que si se permite que más de 467,000 personas entren al país, (fuente: La República) todos estos van a ser ciudadanos honrados y honestos, como Manuel. Recordemos que no se trata de una migración como la que se suele producir de México a Estados Unidos: en la que México es un país que no enfrenta ninguna crisis o guerra. Las personas que emigran de México simplemente desean cumplir el American Dream y no necesariamente enfrentan una situación de vida o muerte en su país natal.
Los venezolanos están inmigrando al país por necesidad. Ya todos sabemos que en Venezuela casi no hay alimentos, agua ni medicinas. Se trata de una migración forzada, por tanto es difícil esperar que los venezolanos que entran al país tengan otra intención además de huir. El único caso posible es que una de estas personas, que tiene la intención de dejar Venezuela, sea un criminal. Este caso explica a los 72 venezolanos presos en el Perú.
Los criminales que entren de Venezuela al Perú son simplemente el costo de tener un enfoque humanitario ante la situación que enfrenta Venezuela y de respetar la Constitución (FYI el derecho al tránsito está listado en la Constitución). Viéndolo desde un punto de vista egoísta, ayudar a nuestros hermanos venezolanos no necesariamente está en nuestro mayor interés. Se tienen que invertir recursos y tiempo para garantizarles unos mejores estándares de vida a los que antes tenían. No debemos ayudarlos porque nos vayamos a favorecer de alguna manera u otra, sino porque es lo que creemos que es correcto. Recordemos que en la actualidad hay 2 885 787 peruanos que viven en el extranjero. Si bien la gran mayoría residen en lugares dónde hay más oportunidades laborales, como Estados y España, hay alrededor de 95 000 peruanos que viven en Venezuela. (Jefe de la INEI, Anibal Sánchez).
Lo que el poder Ejecutivo podría realizar para mitigar los efectos de la inmigración negativos – Empleo informal, desempleo y delincuencia – es redirigir el flujo de Venezolanos a otros departamentos del país. Las oportunidades laborales no solamente se encuentran en Lima. El año pasado, el crecimiento en la producción de Apurímac, Arequipa y Loreto fue de 9.3%, 9% y 7% respectivamente (El Comercio). Hay otros departamentos que pueden necesitar de mano de obra calificada, como lo son “9 de cada 10 venezolanos” según Roxana del Águila, gerente general de Migraciones. Es cuestión de hacer que esta información se encuentre disponible para los venezolanos.
Si algún día ocurre alguna tragedia en el Perú, como podría ser una guerra, epidemia, o peor aún, elegir a Keiko como presidenta del país, a nosotros también nos gustaría que Venezuela (o cualquier otro país) nos reciba con los brazos abiertos.
Recordemos que todo da vueltas: “Hoy por ti, mañana por mí”
