A la fecha, se han aplicado más de 410,000 dosis de la vacuna contra la Covid-19, en el marco de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación ante la Covid-19. Ahora bien, según lo señalado por el Ministerio de Salud, para el mes de septiembre del 2021, 22 millones de personas estarán completamente inmunizadas por fin; es decir, con ambas dosis de la vacuna aplicadas adecuadamente.
Como se puede apreciar, en más de un mes desde la llegada al Perú del primer lote de vacunas, el Gobierno Central ha cumplido con aplicar el 1% de las dosis necesarias para lograr una inmunidad de rebaño.
Ante ello, se ha venido discutiendo sobre la ineficiencia del Estado peruano como administrador del Plan Nacional de Vacunación. Así, se ha suscitado la polémica sobre si el sector privado debería importar y comercializar las vacunas contra la Covid-19, para aumentar la eficiencia y rapidez del proceso de inmunización en nuestro país. Al respecto, más allá de los beneficios que podría generarse de una intervención del sector privado en el proceso de vacunación a la par del sector público, hay muchos mitos a desmentir en torno al debate.
¿Comenzamos?
En primer lugar, es FALSO que el monopolio de la vacunación lo tenga el Estado porque exista una disposición que prohíbe al sector privado la adquisición de vacunas de los laboratorios autorizados. Por el contrario, a la fecha, existe una suerte de monopsonio a favor de los Estados, ya que los laboratorios autorizados han manifestado que en el corto plazo no están dispuestos a contratar con el sector privado, por tratarse de un bien escaso. Incluso, contrario a lo señalado por distintos políticos y candidatos a la presidencia, sí contamos con un marco legal que permite al sector privado comercializar la vacuna contra la Covid-19: Ley 31091, “Ley que Garantiza el Acceso al Tratamiento Preventivo y Curativo de la Enfermedad por Coronavirus SARS-CoV-2 y de Otras Enfermedades que Dan Origen a Emergencias Sanitarias Nacionales y Otras Pandemias Declaradas por la Organización Mundial de la Salud”.
Así, para el análisis de cuestiones jurídicas se parte de la premisa de que lo que no se encuentra prohibido, está permitido. Precisamente, la norma en mención no establece prohibición alguna, por el contrario, se limita a señalar al respecto que “(…) La adquisición, distribución y disponibilidad de medicamentos y vacunas del coronavirus SARS-CoV-2 en el ámbito privado no podrá contravenir el artículo 234 del Código Penal”. Es decir, en el supuesto de que las empresas del sector privado comercialicen las vacunas contra la Covid-19, no deben incurrir en el delito de especulación, disposición que de todas formas es aplicable para cualquier empresa del sector salud sin necesidad de una norma expresa que así lo disponga.
En ese sentido, cabe preguntarse si a la fecha ¿El Estado peruano puede hacer posible que el sector privado distribuya las vacunas contra la Covid-19? Pues está claro que no. Por un lado, nuestro Código Civil y las bases de nuestro ordenamiento jurídico reconocen el principio de la autonomía de la voluntad, según el cual los particulares pueden disponer la reglamentación de sus relaciones jurídicas con respeto al ordenamiento jurídico. Así bien, como parte del ejercicio de este principio, es que los laboratorios autorizados han dispuesto de manera legítima que no contratarán con empresas del sector privado, lo cual debe ser respetado por los Estados, según las disposiciones vigentes. Ahora, tampoco es fáctica ni jurídicamente posible que el Estado peruano exija a los laboratorios autorizados que contraten con el sector privado nacional, considerando sobre todo que son empresas extranjeras y; por ende, no se encuentran dentro de la jurisdicción nacional.
Así, el panorama actual es producto de una política empresarial adoptada por los laboratorios autorizados, por lo que no debemos creer en fake news sobre prohibiciones gubernamentales a la comercialización de vacunas del sector privado, o propuestas de legalización al respecto, pues es algo que ya está previsto y vigente no te dejes engañar. Peor aún, debemos desconfiar de cualquier ofertante de vacunas contra la Covid-19, pues si algo te ponen, ¡probablemente no va a ser una vacuna autorizada contra la Covid-19!
Por último, a pesar de que el debate expuesto sea utópico con relación a la coyuntura actual, no debemos perder de vista el mediano y largo plazo. En ese sentido, ante un escenario en el que se tenga mayor capacidad de producción y las vacunas no sean un bien escaso, se presume que los laboratorios autorizados estarán dispuestos a contratar la comercialización de vacunas con el sector privado.
En ese escenario, el apoyo del sector privado al proceso de inmunización nacional puede traer eficiencia y beneficios para nuestro país. Al respecto, es importante que el Estado prepare un marco regulatorio desde el enfoque de salud adecuado ante ello, para garantizar la idoneidad del proceso de vacunación en nuestro país.
