Los peajes, denominados en épocas medievales como derechos al portazgo o pontazgo, son una especie de impuestos cuyos orígenes se remontan a la Edad Media en Europa, a través de los cuales los nobles y dueños de las tierras obligaban a sus vasallos a pagar por el tránsito a lo largo de sus propiedades. La colonización europea de América trajo consigo esta costumbre y la figura impositiva fue replicada por los virreinatos españoles, portugueses e ingleses que se establecieron desde América del Norte hasta América del Sur. Con el paso del tiempo, y a medida de que proliferaban las ideas libertarias que trajo consigo la Ilustración, el cobro de peajes y otro tipo de impuestos fueron motivo de quejas y protestas de productores, comerciantes y pobladores. Los pensadores de aquel entonces condenaban este cobro como un flagrante atentado contra el libre derecho al tránsito y al comercio. Los documentos de la época resumen así el perjuicio que se le generaba a esos pueblos: “(…) los habitantes se han visto en la necesidad de dejar de ir a cumplir con sus deberes religiosos por no tener con qué pagar el peaje que se les cobra en el tránsito”.
Siglos después, un libreto de similar calibre viene siendo escenificado en las afueras de Lima, en el distrito de Puente Piedra, lugar donde, a pulso de emprendimiento y comercio, se construyen las bases para el desarrollo de un Cono Norte que actualmente es víctima de grandes injusticias sociales, como la baja esperanza de vida y el pobre nivel educativo de sus habitantes que explican gran parte de su lento desarrollo en comparación con el resto de distritos de Lima Metropolitana (ver gráficos de abajo). Es en este territorio del norte de la capital en donde un consorcio de transporte, fundado por una empresa con hedor a corrupción Odebrecht, ha decidido establecer el cobro de un peaje para el ingreso y salida de Puente Piedra.
Diferencias sociales entre Puente Piedra y otros distritos, es abismal (y son ellos a los que quieren clavarles más costo de vida). Fuente: IDH, PNUD.
Tal como ocurría en la época virreinal, la población de Puente Piedra decidió levantarse en contra de un cobro a todas luces ilegal y que es avalado por uno de esos contratos en los que desmesuradamente se le jode la vida a los peruanos. El acuerdo celebrado entre la Municipalidad de Lima y el consorcio Rutas de Lima le otorgó a este último la concesión de los peajes de la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé. Estos bandidos aprovecharon los mecanismos legales de promoción de la inversión para, prácticamente, otorgar una iniciativa privada sin proceso de competencia alguno, es decir, doy legalmente poco tiempo para que las empresas se presenten al concurso público de forma que gana la empresa (Rutas de Lima) con la que ya había acordado previamente todo el proyecto (y la coima, de paso). Lo más sinvergüenza del contrato, sin embargo, es que una de sus cláusulas estipula que si se interrumpiera el cobro de peajes en la caseta de Puente Piedra debido a manifestaciones o protestas, el Municipio de Lima está obligado a seguir pagándole al concesionario con los impuestos que recauda de todos los limeños.
¿Y a raíz de qué hecho en particular estalla toda esta convulsión social? Nuestros amigos de Puente Piedra denuncian, con toda justicia, que a diario deben pagar dos peajes de S/ 5 cada uno, para salir y regresar a sus hogares. De esta forma, si se mantiene este peaje, un ciudadano de Puente Piedra que quiera entrar y salir de su distrito al menos 5 días de la semana, gastará como mínimo cerca del 20% de su ingreso promedio mensual para dicho fin, una especie de “cupo” o tarifa por entrar a tu casa. Sabemos que estas razones nunca serán suficientes para justificar la violencia desatada por las manifestaciones, pero al menos permiten comprender la dimensión total del atropello por el cual se reaccionó de una forma tan drástica.
¿La solución del conflicto depende de PPK o de Casteñeda?
La solución a este problema, lamentablemente, no radica en la suspensión temporal del cobro de peaje o en echarle la culpa a Castañeda o Villarán. Una respuesta más viable a este conflicto debería contemplar una actuación más activa por parte del Ejecutivo en la implementación de mecanismos institucionales que permitan una fiscalización adecuada de los procesos de licitación y de los planes de concesión de los contratos. No es posible que Rutas de Lima quiera imponer un peaje en zonas donde no ha realizado ningún intento por completar sus compromisos de obras y proyectos, que incluyen el ordenamiento del transporte urbano en la Panamericana Norte y la implementación de vías alternas. Por empresas y consorcios de este tipo es que la ciudadanía pierde la esperanza en promesas de crecimiento a punta de “destrabe”; más bien, alimentan una frustración y resentimiento que hace rememorar a los clamores virreinales de un pueblo oprimido por la colusión y corrupción que hay entre sus representantes de lujo y los asquerosos empresarios que desean poner al Estado a su perverso servicio.
