Hasta que lo hizo. Alabada por muchos y condenada por otros, fue una decisión que puso fin a un capítulo de mucha tensión en nuestro panorama político. Seguro estás preocupado por las elecciones de enero, por el sorteo para miembros de mesa, por otro sticker más en tu DNI (la vejez). Si no entiendes qué pasó, pero te interesa, ¡te ganaste, sobrino! Juris dedicará octubre a aclararte el embrollo.
Tres sílabas que, una tras otra, hicieron historia: di-sol-ver. Luego de meses de conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, en medio de rumores de vacancias y cierres, ocurrió. Los manifestantes se mostraron a favor del cierre el mismo 30 de setiembre. Aplausos, vivas, cáscaras de mandarina y hasta conos de tránsito volaron por los aires en las horas siguientes a la primera disolución del Congreso en lo que va del siglo.
Salta a la vista una primera gran interrogante sobre si pateó el tablero o no esta medida: ¿es constitucional? Es un punto muy controvertido y muestra de ello es la diversidad de opiniones de constitucionalistas #InterpretaciónMeDueles. César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional, asegura que el Congreso realiza actos jurídicos, y como tales, pueden ser expresos o tácitos; al no haber dado atención a la solicitud de reforma del mecanismo de elección de magistrados del TC -motivo de la cuestión de confianza- esta ha sido denegada y de esta forma sí procede la disolución. Víctor García Toma, también ex presidente del TC, sostiene que es inconstitucional porque el Parlamento sí dio el voto de confianza al gabinete, solo que después de elegir al magistrado del Tribunal #ToBeOrNotToBe. Si realmente estamos en un Estado Constitucional de Derecho, cualquier análisis de la constitucionalidad de un acto no debe quedarse en la literalidad de las normas, sino en los principios que sostienen el sistema jurídico: ir “más allá del papel” es parte imprescindible.
Más allá de lo interesante académicamente y hasta romántico que puede ser discutir sobre la legalidad-constitucionalidad del fin de la mamadera cierre temporal del Congreso, un factor determinante en el “juego” de poder político es el respaldo de las Fuerzas Armadas. Es caso seguro que si estas se inclinaban por la “presidenta” (¿?) Mechita y la reconocían como legítima Jefe de Estado, en cuestión de horas podrían haber depuesto a Vizcarra. De más está decir que también hubiera podido surgir algún “generalísimo” que pateara el tablero y se autoproclame Presidente de la República, como en muchos momentos del siglo pasado. A pesar de la relevancia del derecho como límite al poder y marco de actuación de este, el poder de la fuerza tiene su propia contundencia.
Nuestra historia nos ha mostrado cuántas veces la fuerza se ha empleado para tumbarse el orden constitucional. Seis ocasiones mancharon el siglo XX de autoritarismo en el país #PerúMeDueles. Primero, Leguía se impacientó ante la posibilidad de perder las elecciones de 1919 y se apoyó en la gendarmería para disolver el Congreso y crear una constitución “a la medida”. Luego, Óscar Benavides movió las fichas para que el Parlamento prolongue su período tres años, hasta 1939. Después, el “ochenio” de Odría es más que conocido: 1948-1956. La década del sesenta fue testigo de dos ataques al Congreso: el golpe de Pérez Godoy junto a Lindley (1962) y el de Velasco (1968). El último del pasado milenio fue el archi-conocido “autogolpe” del 5 de abril, que muchos comparan con la vigente disolución. ¿Es posible asegurar que son iguales?
En el año 1992 se disolvió el Congreso, bicameral en ese entonces, además de la intervención con: tanques, carros de combate y muchos soldados, del Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Palacio de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, y medios de comunicación. Más aún, por si no quieres ver la realidad dudas de la diferencia, se detuvo a los líderes de los partidos de oposición, a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, y demás figuras de la política peruana. Pequeño detalle: la Constitución vigente en ese entonces no contemplaba lo mencionado. ¿Podrá ser igual a lo que presenciamos hace una semana?
No nos equivoquemos: la crisis no ha terminado. Se ha llegado a un punto en que el Órgano Legislativo, denominado por muchos “primer poder del Estado”, ha sido disuelto, algo anda muy mal en nuestro sistema político. Sobre todo, si no hemos logrado reformar el sistema electoral (¿de quién será la culpa?), ¿qué pasará en enero del 2020? La crisis de representatividad y falta de interés por la política son problemas de fondo, que merecen la atención de toda la sociedad. Quizá un nuevo modelo de Parlamento sea el primer paso: uno adaptado a nuestra realidad, multicultural y con diferencias sociales marcadas.
Editado por Isabela García
