Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se ha postergado la 26° Conferencia de las Partes (COP 26) para finales de este año. Esta cumbre internacional se viene realizando anualmente desde 1995 con el objetivo de debatir y formular iniciativas para frenar la crisis climática. Es de suma importancia que esta se lleve a cabo, pues se evaluará el avance de los países miembros del Acuerdo de París (2016). En este se establece que las emisiones de los gases de efecto invernadero deben reducirse para que la temperatura global no ascienda más de 2°C y, así, evitar catástrofes medioambientales. Dado que el dióxido de carbono (CO2) es considerado como la sustancia con mayor repercusión en el efecto invernadero, es este el cual se ha visto necesario regular su consumo. Cada país es libre de elegir cómo hacerlo y de establecer sus propias políticas de implementación y el porcentaje a reducir.
Este imprevisto retraso ha dado la oportunidad de que Estados Unidos participe nuevamente en las negociaciones. El nuevo presidente, Joe Biden, ha cambiado la decisión de su predecesor de retirarse de este acuerdo y anunció que pretende lograr una emisión neta de cero toneladas de carbono para el 2050.
Actualmente, el Ministerio del Ambiente del Perú ha puesto como meta una reducción del 30% para el 2030, un objetivo del cual nos hemos alejado según lo muestran las proyecciones de la misma institución. Sin embargo, esperamos que esta pueda ser alcanzada si se aprovechan las oportunidades que nos da la economía del carbono.
Economía del carbono 101
El precio del carbono se calcula (dependiendo de cada país y tratados) mediante la sumatoria del costo medioambiental, social o a la salud, a futuro, que ocasionaría cada tonelada de CO2 liberada al ambiente al realizarse las diversas actividades de una empresa. Esto tiene como finalidad el fomentar a las empresas a cambiar de combustibles fósiles a energías renovables, al forzarlas a cuantificar su consumo y responsabilizarse por sus emisiones.
Existen varios métodos de valorización del carbono, pero los dos más empleados para que las empresas e industrias reduzcan sus emisiones nocivas son los impuestos al carbono y los derechos de emisión
Por un lado, el impuesto al carbono funciona aumentando los precios de los productos dependiendo de la cantidad de combustibles (sin aplicar un límite a esta cantidad) que se consume desde el inicio de su fabricación hasta su venta. Los precios no aumentan considerablemente, pero, aun así, no es una medida bien recibida por la población y son rechazados.
Por el otro, los derechos de emisión son permisos que las naciones venden a las empresas, los cuales otorgan una cantidad máxima que se va reduciendo con el tiempo y, si son sobrepasadas, se aplican multas. Igualmente, las empresas pueden revender sus bonos si les han sobrado y obtener una ganancia. Esto crea el llamado comercio de derechos de emisión, un mercado cerrado de bonos o créditos, en el cual el precio es regido por la oferta y demanda de carbono.
¿Y la economía del carbono en nuestro país?
Por el momento, el Perú no tiene una política de impuestos al carbono, aunque se está estudiando su implementación. Aun así, somos unos de los principales vendedores de créditos de carbono mediante proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques(. En esta modalidad las empresas realizan una inversión en proyectos que disminuyen la emisión de gases al ambiente, como la protección de un área de bosque, proyectos de reforestación o agricultura sostenible.
Actualmente, estos proyectos apoyan a las comunidades cercanas al impulsar un cambio positivo en sus actividades económicas y a la conservación de especies nativas al proteger su hábitat. Las áreas beneficiadas son el Parque Nacional Cordillera Azul, la Reserva Nacional Tambopata, Bahuaja Sonene y el Bosque de Protección Alto Mayo. Los tres últimos proyectos son trabajados en conjunto con las comunidades de agricultores que habitan la zona. Quienes son capacitados y, además, se les da la oportunidad de trabajar en cultivos sostenibles. El involucrar actores locales es clave para evitar la deforestación que, en un 98%, se debe a la búsqueda de tierras para el cultivo.
¿Qué podemos esperar del futuro?
Con los últimos cambios en la política de Estados Unidos y la COP26 acercándose, lo más probable es que la demanda de créditos aumente. El año pasado, Suiza se convirtió en uno de los principales inversores. Sus créditos no están centrados en bosques, sino en el apoyo empresas sostenibles. Siendo este el primer acuerdo internacional de este tipo, lo más probable es que más países sigan su ejemplo y puedan alcanzar sus metas. Sin embargo, con más inversiones también es necesario aumentar la fiscalización y el número de organismos de monitoreo para asegurar que los fondos no sean malversados.
Para lograr un mercado de créditos de carbono estable a largo plazo y mantener los ingresos constantes, es necesario aumentar el apoyo a las comunidades indígenas y su participación en la toma de decisiones, dado que estas personas son los principales protectores de las tierras. Por lo tanto, si abandonamos a estas personas, que reforestan, viven y protegen los bosques y áreas naturales, la economía del carbono no podría funcionar. Los proyectos de conservación son exitosos con el apoyo de actores locales y este es un tema que esperamos tenga mayor visibilidad en la COP26
Editado por:
Daniela Cáceres y Andrés Órdenes
