La incertidumbre política no cesa; denuncias al presidente, propuestas, decisiones de congresistas y un rumbo desafiante a las próximas elecciones opacan la crisis del Coronavirus. Entre tanta polémica, el rechazo a la ratificación del tratado de Escazú ha generado cierto debate estas semanas, reluciendo así la importancia de la participación ciudadana en asuntos ambientales, involucrando a dos actores: la empresa y el Estado.
Y no es para menos, nuestro país alberga el 70% de la biodiversidad del planeta. Solo la Amazonía ocupa alrededor del 76% del territorio nacional, pero su calidad ambiental es afectada por actividades extractivas, productivas y de servicio que son realizadas inadecuadamente. El crecimiento económico del Perú depende de esta dotación de recursos, por lo que la presencia de políticas integrales de desarrollo se vuelve imprescindible en planes de gobierno de partidos políticos, especialmente en esta coyuntura electoral.
DESARROLLO SOSTENIBLE
Un desarrollo sostenible implica una compatibilidad entre el desarrollo económico y la conservación de recursos, teniendo en cuenta las necesidades del presente y futuro. El crecimiento económico del país antes de la pandemia ha sido notable y el dinamismo se debe a una estabilidad macroeconómica, apertura comercial y los crecientes flujos de inversión, producto de la riqueza de recursos naturales (OCDE, 2016). No obstante, este crecimiento ha generado un impacto sobre el medio ambiente. Las presiones de las industrias extractivas, la urbanización no planificada y la deforestación amenazan este patrimonio cultural y se convierten en una barrera para un crecimiento a largo plazo.
Según la OCDE, desde la década del 2000, se han logrado avances mediante herramientas de gestión que integran aspectos económicos y ambientales. El país ha asumido compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la ratificación del Acuerdo de París. Estos esfuerzos incluyen aspectos de educación y participación ciudadana en búsqueda de una población más consciente. Además, el sector privado debe hacer esfuerzos para asumir este compromiso junto al Estado, que cumple el rol de intervenir oportunamente al disuadir prácticas socialmente indeseables, pues las externalidades necesitan un tratamiento adicional al que sugiere el mercado.
EL VERDADERO ROL DE LA EMPRESA
Friedman, en su libro “Capitalismo y libertad”, afirma que la única responsabilidad social de una empresa es aumentar sus beneficios, siempre y cuando se mantenga dentro de las reglas de juego. En su máximo esplendor, este tipo de capitalismo ha generado prosperidad y empleo. Sin embargo, su verdadero rol ha “evolucionado”.
Este año, el Foro Económico Mundial actualizó el manifiesto de Davos, en el cual figura que el propósito de las empresas es colaborar con sus stakeholders para lograr valor compartido y sostenido, así no solo cumplen con los accionistas sino también con la sociedad. De la misma forma, la empresa se vuelve algo más que una organización generadora de riqueza, atendiendo a las aspiraciones sociales.
Tras el archivamiento del Tratado de Escazú, el papel empresarial se vuelve aún más vital porque las organizaciones deberán asumir un mayor compromiso con el ambiente en ese tránsito a un desarrollo sostenible, mediante la innovación tecnológica e investigación. En términos de medio ambiente, el sector empresarial puede ser un agente contaminador o uno que actúa en contra de la contaminación.
POLÍTICAS
El rol del estado se basa en la promoción de la participación en temas ecológicos, así como la implementación de “políticas económicas y sectoriales” en correlación con las políticas ambientales.
Estas políticas nacionales deben trabajarse en consonancia con los gobiernos regionales, pues, en algunos lugares del país, las variaciones de los impactos de estas pueden ser evidentes por particulares contextos político- sociales, tal como lo dice Luis Fernández, ecologista y director del Proyecto Carnegie de Mercurio en la Amazonía. Por ejemplo, en la cuenca del río Amazonas, los pequeños propietarios son responsables de la deforestación y es que parte de su sustento depende de esa explotación. Mientras que, en la parte occidental de los Andes, la mayor parte de las empresas operan de manera legal, lo que haría más sencillo la implementación de políticas.
Mina de oro en el departamento Madre de Dios, Perú. Fotografía de Rhett A. Butler.
El desarrollo de una política puede significar una acción ante una situación social deseada, así supone una correlación entre los actores sociales. De esta manera, las políticas públicas toman protagonismo en la formulación y legitimación de la agenda pública por medio de una comunicación democrática entre el gobierno y sociedad. Es por eso que se subraya la importancia del diseño de políticas integrales. El descuido del Estado en la protección del ambiente genera conflictos, consiente la violación de derechos humanos y permite el deterioro del hábitat, lo que puede llegar a vulnerar nuestra salud (Quintero Burgos, 2008)
ENFOQUE UNIFICADOR
Janice Seinfield, en su columna en “El Comercio”, resalta que la relación entre el empresariado y Estado no puede ser incompatible en esa búsqueda de desarrollo social, deben trabajar en sinergia. Del mismo modo, Michael Porter en el evento de “Perú Sostenible 2020” sostiene que la empresa es la única institución que puede generar riqueza, el gobierno solo la usa. Resulta vital este vínculo entre ambos sectores, junto a la participación ciudadana, para llegar a un mismo objetivo. En estas campañas electorales, este enfoque unificador sobre el medio ambiente es importante: la adhesión de partidos políticos a la agenda verde debe ser un tema transpartidario que vaya más allá de una división de izquierda y derecha.
FUENTES
OCDE. (2016). Evaluaciones del desempeño ambiental Perú 2016. 1–79. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40171/S1600313_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Quintero Burgos, G. (2008). Políticas públicas y el medio ambiente. Tecnología En Marcha, 21(1), 141–151.
Editado por: Camila Villalobos
