No solo el Perú tuvo un regalo la pasada Navidad por parte de las autoridades políticas. En Argentina, la aprobación de la reforma del sistema de pensiones el mes pasado ha causado descontento y protestas de miles de trabajadores y jubilados.
El sistema de pensiones (o previsional) es una medida del Estado para que las personas ahorren (de manera obligatoria) para su futuro mediante aportaciones descontadas de sus sueldos. Estos aportes son invertidos y se convierten en ingresos cuando la persona deje de trabajar (en otras palabras, se aseguran de que no te gastes todo tu dinero en juergas mientras trabajas). Los gestores de estos fondos pueden ser las empresas privadas o entidades estatales.
Cuando despilfarras tu dinero y no ahorras para el futuro
En el caso de Argentina, el sistema de pensiones ha sufrido varios cambios. En 2008 fue nuevamente estatizado: solo se puede aportar y recibir la pensión por medio de una entidad estatal encargada. Este sistema puede resultar complejo debido a que las aportaciones de los trabajadores vigentes se utilizan para pagar la pensión de los jubilados. Por lo tanto, se puede deducir que la sostenibilidad del sistema depende en parte de tres factores:
- El ritmo de crecimiento de la población adulta mayor no debe ser tan acelerado (#ForeverYoung) para que no haya tanta diferencia entre la cantidad de jubilados y los aportantes. Esto está ligado a que los aportes de los trabajadores vigentes puedan sostener el pago a los jubilados.
- El buen desempeño de las inversiones que se hagan con los aportes, que depende a su vez de un manejo adecuado del portafolio por parte de los gestores.
- Todos los jubilados deben haber realizado aportes mientras eran trabajadores.
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, los aportes cubren el 60% de las pensiones. Esta brecha tiene relación con el alto gasto hacia este sector, que en 2016 representó el 12% del PBI (superior al gasto de otros países de la región) y contribuye al déficit fiscal. Esto nos lleva a pensar que algunos (o todos) los factores descritos están fallando.
Fuente: Ministerio de Hacienda de Argentina
El gobierno proyecta que el gasto público y el déficit disminuirán este año, lo cual es el objetivo de la reforma. Sin embargo, esto implica un costo para los jubilados. La inflación será el nuevo índice para determinar los incrementos de las pensiones trimestralmente. En el próximo ajuste se espera que los jubilados reciban un menor aumento en relación al cálculo anterior, que tenía como índice la recaudación tributaria. También se elevó la edad para jubilarse, lo cual permitirá que se realicen más aportes.
Desde el punto de vista de los afectados, las protestas eran inminentes. Si me pongo en los zapatos de los jubilados, podría mencionar dos malestares que sentiría: recibir menores incrementos de pensiones y que el esfuerzo que he hecho para ahorrar durante años al final se refleje en pensiones insatisfactorias. Si bien este sacrificio es obligatorio, muchos trabajadores al ver que una parte de su sueldo se va como aporte mensual tal vez sientan la impotencia de no poder utilizar este dinero en el presente.
Reformas, reformas everywhere…
No es posible saber si el gobierno y los congresistas a favor de la reforma, además de realizar el ejercicio de las proyecciones para saber cuánto disminuirá el déficit fiscal, también hicieron el de ponerse en el lugar de los jubilados. Quizá sí, pero no tuvo mucho peso en la decisión final. Es por esto que jóvenes y ancianos salieron con las clásicas cacerolas a protestar, mas no son justificables los actos de violencia que sucedieron. Las protestas son una vía para que las autoridades escuchen a las personas, siempre y cuando sean pacíficas. En el mejor de los casos, el gobierno argentino aprenderá una lección y, antes de realizar una reforma que afecte a la población, se reunirá con organizaciones que la representen.
Finalmente, no quiero terminar este artículo sin reflexionar sobre lo que está detrás de la reforma. Parte del problema empieza cuando se (re)estatiza el sistema previsional en el 2008, pues la carga fiscal para el gobierno aumenta al tener que cubrir las pensiones de todos los jubilados. De aquí podríamos concluir que quizá la privatización, en la que el riesgo de las pensiones no recae en el estado, le hubiese resultado conveniente al sistema de pensiones argentino.
