La tan esperada respuesta de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en cuanto a la disputa entre Chile y Bolivia por el acceso al mar para este último llegó por fin el lunes de esta semana, tras cinco largo años de espera. La Corte sentenció que Chile no está obligado a negociar una salida al mar con Bolivia, no obstante, es probable que aún no sea el final de esta disputa.
Antes de empezar con lo que fue el fallo en sí, hay que repasar algunos antecedentes para ponernos en contexto. La disputa lleva más de dos siglos, si recordamos, Perú y Bolivia fueron aliados contra Chile en la Guerra del Pacífico; no obstante, este último salió vencedor, lo que implicó que Bolivia pierda el acceso al mar. Después de ello, a inicios del s. XX, Bolivia y Chile firmaron el Tratado de 1904, mediante el cual Bolivia acepta que Chile tiene el dominio completo sobre los territorios que Bolivia perdió en la guerra. Asimismo, en dicho tratado se le otorgó a Bolivia ciertas disposiciones para compensar los daños ocasionados a su comercio como la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz.
El mapita escolar clave que explica la división territorial antes de la Guerra del Pacífico.
Quizá algunos como yo se hayan preguntado cómo es que Bolivia llegó a firmar este acuerdo tan desfavorecedor para su economía y población, pues los dejaba expresamente sin salida al mar forever and ever. Después de una revisión exhaustiva de fuentes internet, existen varias versiones de cómo se dio la firma de este tratado: por un lado, cuenta la historia o los historiadores chilenos que los bolivianos que lo firmaron se vieron sesgados por la construcción del ferrocarril de Arica a Chile, el cual iba a ser financiado por Chile y por otras facilidades comerciales; es decir, como dirían los economistas, no tuvieron una visión de largo plazo. La otra versión de la historia cuenta que se ejercieron presiones políticas y amenazas contra los bolivianos. Lo cierto es que, al igual que las distintas versiones que existen sobre el conflicto de Perú y Chile, no hay un consenso de la manera en cómo se firmó este tratado; no obstante, Evo Morales ha señalado que este es injusto y ha sido impuesto de manera obligatoria.
Es por ello que Bolivia decidió llevar este conflicto a la Corte de La Haya en el 2011, y entonces surge la pregunta ¿era acaso esta una victoria de Chile anunciada?. Resulta fácil haberle otorgado mayor probabilidad al fallo a favor de Chile, pues existe de por medio un acuerdo internacional, el Tratado de 1904, y negociaciones más allá de este no tienen que ser de carácter obligatorio para Chile ya que se estaría vulnerando lo que se acordó entre ambas partes. Por otro lado, Bolivia expuso entre sus argumentos que se encontraron referencias a documentos pasados en donde alegaban una obligación por parte de Chile de negociar. Estos argumentos fueron rechazados por la Corte de La Haya que señaló que esos documentos, que carecen de carácter jurídico, no son prueba de que exista una obligación de negociar, y también indicó que las negociaciones se pueden dar con consentimiento de ambas partes.
Mientras tanto…
Dado el fallo, Evo Morales ha anunciado que continuará su lucha por una salida al mar, lo que nos garantiza que la disputa no se quedará en el fallo de la Corte, el cual es inapelable y de cumplimiento obligatorio. Si bien la manera más viable y rápida para que Bolivia pueda promover su comercio marítimo es renegociando con Chile el uso de los puertos chilenos, es probable que este último se vea dispuesto a sentar las negociaciones bajo sus propios términos y beneficios por su posición, lo que originaría que se den varias conversaciones hasta llegar a un acuerdo.
No es necesario mencionar el impacto negativo en el PBI de no tener acceso al mar, ya que Evo Morales dijo el año pasado que si tuvieran un acceso soberano al mar su crecimiento estaría en 8% (en el 2017 creció en 4.2%), lo cual no sabemos qué tan confiable sea. Sin embargo, es claro que la economía boliviana seguirá viéndose afectada por no tener un puerto propio para la salida de su comercio, ya que las empresas deben asumir los costos de utilizar los puertos de Chile.
